Respecto a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), acerca de que los estados no tienen facultad para legislar la
figura del arraigo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Chiapas (TSJ), Rutilio Escandón Cadenas, se dijo respetuoso de la
postura del máximo tribunal de la federación.
Cabe recordar que esta figura y recurso judicial tuvo su mayor auge en la administración del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien ordenaba –como medida de represión– llevar a las distintas casas de arraigo -existentes en ese momento-, a sus adversarios políticos o todo aquel que discrepara de su gobierno.
A través de la Procuraduría General de Justicia (PGJE), luego convertida en Fiscalía, Salazar Mendiguchía ejecutó múltiples arraigos contra líderes sociales, ex funcionarios, funcionarios, comunicadores, empresarios, a quienes encerró arbitrariamente cuando –presuntamente- se trataba de delitos del fuero común.
Sin embargo, fue en el año 2011 cuando el Congreso del Estado legisló en esta materia y derivó su eliminación dentro del Código de Procedimiento Penales en el estado, tras el aval que los municipios chiapanecos ofrecieron a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
Actualmente, este recurso únicamente tiene legalidad en los delitos que estén considerados como delincuencia organizada y contemplados en la legislación federal, y no en delitos del fuero común, de tal forma que ninguna persona en Chiapas no puede ser retenida más allá del término constitucional de 72 horas, en caso de no haber sido consignada previamente.
En este sentido, el titular del Poder Judicial en Chiapas aseguró que en la entidad se mantiene un estricto respeto a la Carta Magna federal y local, de tal forma que la justicia en el estado se administra de manera imparcial, pronta y expedita, además, en total apego a los derechos individuales que asisten a los ciudadanos.
“En Chiapas no existe la figura de arraigo, y nosotros somos respetuosos de la Suprema Corte al dictar que ningún estado podrá legislar en esta materia”, consideró el magistrado.
Por otra parte, Escandón Cadenas precisó que el Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente espera su promulgación por parte del presidente de la República, fase que marcará la pauta para que los códigos estatales pierdan vigencia y dejen de surtir efecto.
Finalmente, dijo que este nuevo ordenamiento nacional permitirá la aplicación de una justicia y erradicará las controversias existentes entre los códigos de las entidades federativas y la Federación.
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