Como
parte de los trabajos preventivos para la inhibición de ilícitos del
Fuero Común y Federal, elementos de Fuerza Ciudadana, Estatal
Preventiva, Policía Especializada y Mando Único Policial, detuvieron en
la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, a Héctor Fabián Alegría
Samayoa de 26 años, José Toalá Gómez
de 40 años, Edivaldo Cruz Hernández de 24 años y Néstor
Iván Domínguez López de 18 años, presuntos asaltantes de transeúntes.
Dichos sujetos, denunciados
en repetidas ocasiones por vecinos de la colonia en mención, fueron
detenidos después de recibir el último reporte de un transeúnte
lesionado a golpes en diferentes partes de la anatomía, en donde le
quitaron dinero en efectivo y teléfonos celulares.
De
igual forma en la colonia Paso Limón del mismo municipio, se detuvo a
Rosemberg Jiménez Pérez de 43 años de edad, señalado por la propietaria
de un inmueble, como el presunto responsable de ocasionar daños a la
fachada de su domicilio y lesionar físicas a la misma.
En
el municipio de Mapastepec se detuvo a Esteban Rafael Rojas Melchor de
20 años de edad, quien fue sorprendido cuando salía de un inmueble con
aparatos electrodomésticos, consistentes en un televisor pantalla plana,
un ventilador y un minicomponente.
Finalmente
en la colonia Pakal-Ná del municipio de Palenque, las fuerzas de
seguridad estatal y municipal, evitaron la comercialización de cinco
envoltorios con al parecer marihuana y cocaína, al detener al presunto
vendedor Omar Hernández Zetina de 29 años de edad, cuando recibía la
cantidad de 50 pesos, al parecer producto de la comercialización de la
misma.
En
consecuencia los detenidos de las diferentes acciones, fueron puestas a
disposición de la autoridad competente de cada delito, para continuar
con las diligencias de investigación y determinar su situación jurídica
conforme a derecho.
Lo
anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como
lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma constitucional del 10 de
junio de 2011, obliga al Estado a reconocer y hacer efectivas esas
garantías fundamentales, acción que esta Secretaría realiza a través de
su Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a
Víctimas, área que resulta de vital importancia en una institución de
seguridad pública y constituye un logro de la actual administración
gubernamental.
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