Los diputados de la LXV Legislatura chiapaneca tienen en sus manos
para su análisis, la iniciativa enviada por el Ejecutivo que pretende
crear el “Código que establece el uso legítimo de la fuerza por las
instituciones de seguridad pública” y asimismo obran en su poder otras
propuestas de reforma al Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Chiapas.
Si los legisladores aprueban dichas iniciativas –probablemente en la
sesión de este martes 13 de mayo— estarían poniendo en riesgo las
libertades políticas de los ciudadanos. El documento principal alude a
la delincuencia como destinatario de las nuevas disposiciones, pero
también es cierto que la dedicatoria está dirigida a sectores críticos y
con capacidad de protesta al tener como objeto “preservar las libertades, la paz pública y la seguridad ciudadana…”.
En este sentido, no es circunstancial que la propuesta se presente en
estos momentos, cuando existe un entorno de descontento social, de
crecientes conflictos en diversas regiones del estado y cuando se
aproximan las fechas en que el magisterio inicia sus movilizaciones para
presionar por sus demandas laborales o bien contra la Reforma Educativa
que aún no aceptan cabalmente, y que el año pasado originó un paro de
tres meses, un prolongado plantón en el centro de la capital, bloqueos
viales y recurrentes tomas de edificios públicos. Agréguese al contexto
también la eventualidad de los conflictos electorales y poselectorales
del 2015, que en muchos municipios suelen derivar en enfrentamientos y
tomas de alcaldías.
Si la intención primordial fuera combatir la delincuencia para
brindar mayor seguridad, no habría necesidad de promover una iniciativa
que legitime el uso de la fuerza de las corporaciones policiacas, pues
legalmente están facultadas para ello; además existen protocolos para
efectuar operativos disuasivos, de contención, de desalojo, en los que
incluso participan otras instituciones para que se apliquen con
legalidad y sin excesos.
Las constantes alusiones al respeto a los derechos humanos, a la
observación de criterios de racionalidad, proporcionalidad, así como a
la consideración de recurso último ante el agotamiento del diálogo para
solucionar un problema, hacen pensar que el “Código que establece el uso
legítimo de la fuerza por las instituciones de seguridad pública” está
pensado más en inhibir y contener la protesta social. Y la pinza
coercitiva se cierra con las reformas al Código Penal que pretenden
convertir en delito grave, la sedición, la conspiración y el motín, así
como castigar con severidad la difusión de “secretos de Estado”, cuyo
destinatario directo son los medios y los periodistas.
Si los diputados locales aprueban las iniciativas, el mensaje que
estarían enviando a la sociedad es el de endurecimiento, lo cual
evidenciaría que en el ejercicio del poder la política, entendida como
el arte de resolver conflictos por medio del diálogo y la negociación,
está perdiendo la batalla. Y eso es bastante peligroso para la
gobernabilidad democrática.
Edgar Hernández/ www.chiapaspost.blogspot.mx/
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