Tres presuntos responsables del delito de violación a la Ley de Migración, fueron detenidos
por transportar a 15 indocumentados, en dos acciones que garantizan
seguridad a migrantes por su paso por el territorio chiapaneco.
En
trabajos de apoyo a las acciones inherentes al Instituto Nacional de
Migración (INM), elementos de la Policía Fuerza Ciudadana, Estatal
Preventiva, Especializada y Mando Único Policial, sorprendieron en el
puesto de control ubicado en el tramo carretero Aeropuerto Internacional
Ángel Albino Corzo, a un pasajero de un vehículo de transporte público
con ruta Comitán- Tuxtla Gutiérrez.
En dicho punto de control se detuvo a Miguel
Ángel Chávez Méndez de 35 años de edad de origen guatemalteco, quien al
parecer guiaba a cuatro personas más del mismo país, entre ellos dos
menores de 17 años de edad y dos adultos de 20 y 22 años.
Los
cuatro extranjeros no acreditaron con documentación la legal estancia
en el país, además de haber señalado ante personal de INM, a Chávez
Méndez como responsable de trasladarlos al norte del país y cobrarles la
cantidad de mil pesos a cada uno.
De
igual forma en una segunda acción en el municipio de Tapachula, se
rescataron a 11 guatemaltecos que eran transportados a bordo de un
vehículo del servicio público de pasaje en su modalidad de taxi, con
placas de circulación 8589-BHD del Estado de Chiapas.
Los siete menores y los cuatro adultos fueron atendidos de manera inmediata por personal de Migración, ya que viajaban en condiciones no aptas para su transportación.
En
dicha acción, se detuvo al conductor Daniel Azarael Aguirre Chuc de 28
años de edad, originario del estado de Veracruz y Osmar Betanzos de la
Torre de 59 años de edad a quienes se les aseguró la cantidad de 50 mil pesos, probablemente producto de la acción ilícita.
Ante
los hechos, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la
Fiscalía Especializada en delitos cometidos contra migrantes, para
continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades en el
tiempo que marca la ley.
Cabe hacer
mención que los presentados tienen el carácter de probables
responsables, que no implica responsabilidad penal hasta que, en su
caso, lo determine la autoridad jurisdiccional.
Lo
anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como
lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, cuya reforma constitucional del 10 de
junio de 2011, obliga al Estado a reconocer y hacer efectivas esas
garantías fundamentales, acción que esta Secretaría realiza a través de
su Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y Atención a
Víctimas, área que resulta de vital importancia en una institución de
seguridad pública y constituye un logro de la actual administración
gubernamental.
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