El exsecretario de Hacienda, Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, deberá
responder por un gasto no comprobado de 105 millones 565 mil 11 pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), realizó observaciones relativas a la autorización de pagos a empresas constructoras sin contar con la orden correspondiente.
De acuerdo con el Periódico Oficial del 16 de abril de este año, hay un proceso administrativo abierto en contra del exfuncionario sabinista (355/DR-A/ 2013), por deficiencias en el control del ejercicio de los recursos.
El personal auditor determinó que, como resultado de la revisión y análisis de la información presentada por la tesorería única de la Secretaría de Hacienda, hay anticipos que carecen de las firmas de solicitud y autorización de la Secretaría de Infraestructura, y de Hacienda:
El Periódico Oficial expone que Bolaños Cacho no verificó los millonarios pagos que recibieron cuatro empresas contratistas, algunas establecidas fuera de Chiapas, y propiedades de los exgobernadores de Oaxaca y Veracruz, José Murat y Fidel Herrera, respectivamente.
A estas irregularidades debe sumarse el que, el ex Gobernador de Chiapas Juan Sabines utilizó fondos federales que estaban asignados al Sector Salud para comprar abarrotes.
En su revisión a la Cuenta Pública 2012, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró desvíos millonarios del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Chiapas.
Por ejemplo, señala que la administración del ex Mandatario asignó 31.9 millones de pesos a la compra de abarrotes y materiales para uso de personal administrativo, además de que dio anticipos para medicamentos y material de curación que ya tenían presupuesto del Seguro popular.
También destinó 15.1 millones al pago de 58 empleados eventuales sin que se comprobara la relación laboral.
Otros pagos por 13.4 millones se asignaron a personal que no acreditó el perfil médico requerido.
Además, se detectó un faltante de 5.7 millones en los estados de cuenta utilizados para el Fondo.
De los recursos otorgados a través de la Secretaría de Salud Federal, la auditoría 12-A-07000-14-0672 señala irregularidades por otros 742.6 millones de pesos en la adquisición de medicamentos de los que no se identificó su precio ni el costo de dispensación.
Además, detectó pagos no autorizados por 83 millones de pesos por la prestación de servicio de recolección, transporte y disposición de residuos peligros.
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