El estado de Chiapas presume ser uno de los lugares donde más se
respetan los derechos humanos de los migrantes, en su mayoría
centroamericanos, pero no sólo eso, sino también de realizar acciones e
implementar mecanismos para dar seguridad a los extranjeros durante su
paso por este territorio, sin embargo, esto termina justamente cuando
las autoridades federales, específicamente el Instituto Nacional de
Migración (INM), toma en sus manos la vida de miles de personas que
intentan llegar a los Estados Unidos a través de la frontera sur de
México.
Y es que en el INM no sólo tiene fama de ser una de las dependencias más
corruptas de México, sino que ahora, según revelan datos del Instituto
para la Seguridad y Democracia, también participan activamente con la
delincuencia organizada, datos que salen a la luz justamente después de
que el ganadero acusado de corrupto, Jesús Jordán Alegría Orantes, lleva
casi un año de ocupar la delegación en Chiapas.
No hay que olvidar que Alegría Orantes
fue cesado de la Procuraduría General de la República durante la purga
de elementos corruptos de esa dependencia federal, hecho que algunos
intentaron hacer parecer como una dimisión y hasta inventaron una
supuesta inconformidad de un puñado de “abogados” chiapanecos.
Las causas del cese de Jesús Jordán Alegría no fueron anunciadas, sin embargo, dentro de la PGR trascendió que su salida forzosa se debió a que no aprobó el examen de control de confianza, que comprende pruebas psicológicas, físicas, poligráficas e, incluso, donde se detecta si el evaluado es adicto a cualquier tipo de drogas.
Inexplicablemente luego de ser cesado de una dependencia federal, el ex delegado de la PGR asumió la titularidad de la delegación en Chiapas del INM, consumándose un atentado en contra de la sociedad chiapaneca al mantener a funcionarios corruptos, peor tratándose de un instituto podrido desde sus entrañas, y no es una mera frase, veamos por qué:
Según el Instituto para la Seguridad y Democracia, las irregularidades encontradas en todas las estaciones migratorias del país, incluyendo Chiapas, se catalogan desde la venta de productos hasta los vínculos con la delincuencia organizada.
Tan sólo aquí, en Chiapas, son los mismos funcionarios del INM quienes prostituyen y trafican con humanos. Los datos recogidos por el INSyDE aseguran que trabajadores de ese instituto usan dos bares para la explotación sexual en el municipio de Tapachula, sede de la delegación y de la estación migratoria Siglo XXI, convertida en un búnker inexpugnable.
Contrario a las disposiciones federales, los indocumentados pasan hasta 90 días retenidos, donde tienen que comprar productos como café, frituras, gaseosas y hasta tarjetas telefónicas a altos precios, incluso en dólares.
Son agentes federales del INM quienes cobran el dinero que las familias de los migrantes les envían, además de vender droga dentro de la estación migratoria. Incluso, se cita que una agente lesbiana ofrecía a las mujeres migrantes agilizar trámites a cambio de sexo.
Durante las detenciones, encubiertas como “rescates”, los migantes son golpeados, discriminados y extorsionados, sus pertenencias son robadas y las mujeres violadas, pero lo más grave es que en los operativos son seleccionados y clasificados como ganado para venderlos a grupos del crimen organizado, en especial los procedentes de países donde podrán pedir rescates más lucrativos que los de Centroamérica.
Todo esto y más, que no es nuevo ni secreto, ahora forma parte de la investigación que efectuó el INSyDE, exhibiendo cómo los altos funcionarios del INM o han sido omisos en detectar o están en contubernio con los delegados, entre estos Jesús Jordán Alegría Orantes, cuyos antecedentes en la PGR confirman que ese sujeto, amparado por las autoridades federales, debería estar tras las rejas por omisión o participación en delitos tan graves.
Pero gira la ruleta rusa
Otros delincuentes metidos a funcionarios se juegan la ruleta rusa de la justicia, la verdadera, cuando sus actos rebasan incluso la razón y la cordura, porque solamente siendo un verdadero idiota un tipo como Omar Alí Sosa López, presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje durante el gobierno de Sabines, tuvo la ocurrencia de pasarse por el arco del triunfo una sentencia judicial y proteger a una empresa, evidentemente bajo sórdidos intereses, y no embargar para liquidar a un grupo de trabajadores. La arrogancia y soberbia de muchos ocasionalmente los lleva a su perdición, sólo es cuestión de tiempo para que la soga que se echaron al cuello sea tirada con severidad. Nos leemos pronto aquí, en esta su casa, La Voz del Sureste / Comentarios @hermesreportero hermesrepotero@gmail.com y hermesreportero.blogspot.mx
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