El fenómeno del bullying está adquiriendo carácter social y el
desarrollo de los niños y jóvenes en el país actualmente se da en un
marco de profunda hostilidad, alertó el presidente de la Comisión de
Educación Pública y Servicios Educativos, Jorge Federico de la Vega
Membrillo.
Por ello, urgió a llevar a cabo una acción definida y enérgica por
parte de legisladores y el Poder Ejecutivo, donde se coloque en el
centro a los actores principales de la problemática: las escuelas y los
niños y jóvenes.
“No se puede concebir ninguna acción legal ni política pública para trasformar la realidad, si los menores de edad no son parte fundamental para desarrollarlas”, explicó en entrevista.
Hizo notar que este sector “aquí y ahora se encuentra en situación de violencia; es impostergable que los esfuerzos se sumen y no se echen por la borda, como ocurre con otros temas”.
Asimismo, explicó que la importancia de priorizar a los centros educativos en las políticas públicas se da en virtud de que éstos son síntesis de lo que ocurre en la sociedad y encarnan los procesos de descomposición.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Iñiguez, mencionó que el común denominador de la pérdida de valores y principios se liga a factores como familias disfuncionales, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar, y falta de comunicación entre los integrantes de la comunidad escolar.
Comentó que todo ello tiene como consecuencia niños golpeados e incluso muertos, pero se deja de lado que los 2.5 millones de menores de edad que sufren bullying “se pueden perfilar como agresores en potencia, si no se hace algo por atender el problema”.
Recordó que senadores integrantes de diferentes grupos parlamentarios presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, en la que se establecen fuertes multas para padres, tutores o maestros que permitan, toleren o inciten actos de violencia en el entorno escolar.
Destacó el trabajo conjunto, congruente y armónico de los poderes Ejecutivo y Legislativo para disminuir este fenómeno violento en el país.
Al mismo tiempo, exhortó a la participación ciudadana y a retomar los valores y principios en la familia y escuelas para que se dé una convivencia diaria, inclusión y respeto verdadero.
Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, precisó que no se puede ver a la escuela como una isla y el único lugar donde se resuelve el problema, sino que se debe actuar junto con padres de familia para conocer las inquietudes de los infantes, y tomar acciones concretas.
Afirmó que los profesores son indispensables en este proceso, ya que después de la familia son los que más conviven con los niños todos los días. También, añadió, es necesaria la autoridad para que se implementen acciones.
Hizo notar que se impulsan varias propuestas, entre ellas siete iniciativas en el Congreso: dos de Leyes Generales; propuestas de modificación a la Ley general de Educación y otra norma para prevenir y erradicar la violencia escolar.
Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, advirtió que de no atenderse las lamentables señales de alerta que padecen los niños y jóvenes, “lo que empieza como bullying se convertirá en delincuencia, inseguridad y crímenes de odio”.
Este fenómeno social, insistió, no es producto de la espontaneidad, sino de factores que en su momento fueron considerados individualmente, sin atender sus consecuencias a futuro.
“Estamos en el límite generacional para implementar soluciones. De no actuar rápida y efectivamente, esto se enraizará a un grado casi imposible de erradicar”, enfatizó.
Por tanto, precisó que el Poder Legislativo debe generar herramientas adecuadas que permitan construir de una cultura de paz, como camino hacia la convivencia armónica permanente, así como reforzar las acciones en materia de prevención y combate al maltrato infantil, para sensibilizar a la sociedad en este problema.
“No se puede concebir ninguna acción legal ni política pública para trasformar la realidad, si los menores de edad no son parte fundamental para desarrollarlas”, explicó en entrevista.
Hizo notar que este sector “aquí y ahora se encuentra en situación de violencia; es impostergable que los esfuerzos se sumen y no se echen por la borda, como ocurre con otros temas”.
Asimismo, explicó que la importancia de priorizar a los centros educativos en las políticas públicas se da en virtud de que éstos son síntesis de lo que ocurre en la sociedad y encarnan los procesos de descomposición.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Adriana Hernández Iñiguez, mencionó que el común denominador de la pérdida de valores y principios se liga a factores como familias disfuncionales, alcoholismo y drogadicción, violencia intrafamiliar, y falta de comunicación entre los integrantes de la comunidad escolar.
Comentó que todo ello tiene como consecuencia niños golpeados e incluso muertos, pero se deja de lado que los 2.5 millones de menores de edad que sufren bullying “se pueden perfilar como agresores en potencia, si no se hace algo por atender el problema”.
Recordó que senadores integrantes de diferentes grupos parlamentarios presentaron ante la Comisión Permanente una iniciativa para crear la Ley General para la Prevención y Atención de la Violencia Escolar, en la que se establecen fuertes multas para padres, tutores o maestros que permitan, toleren o inciten actos de violencia en el entorno escolar.
Destacó el trabajo conjunto, congruente y armónico de los poderes Ejecutivo y Legislativo para disminuir este fenómeno violento en el país.
Al mismo tiempo, exhortó a la participación ciudadana y a retomar los valores y principios en la familia y escuelas para que se dé una convivencia diaria, inclusión y respeto verdadero.
Verónica Beatriz Juárez Piña, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, precisó que no se puede ver a la escuela como una isla y el único lugar donde se resuelve el problema, sino que se debe actuar junto con padres de familia para conocer las inquietudes de los infantes, y tomar acciones concretas.
Afirmó que los profesores son indispensables en este proceso, ya que después de la familia son los que más conviven con los niños todos los días. También, añadió, es necesaria la autoridad para que se implementen acciones.
Hizo notar que se impulsan varias propuestas, entre ellas siete iniciativas en el Congreso: dos de Leyes Generales; propuestas de modificación a la Ley general de Educación y otra norma para prevenir y erradicar la violencia escolar.
Hilda Esthela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, advirtió que de no atenderse las lamentables señales de alerta que padecen los niños y jóvenes, “lo que empieza como bullying se convertirá en delincuencia, inseguridad y crímenes de odio”.
Este fenómeno social, insistió, no es producto de la espontaneidad, sino de factores que en su momento fueron considerados individualmente, sin atender sus consecuencias a futuro.
“Estamos en el límite generacional para implementar soluciones. De no actuar rápida y efectivamente, esto se enraizará a un grado casi imposible de erradicar”, enfatizó.
Por tanto, precisó que el Poder Legislativo debe generar herramientas adecuadas que permitan construir de una cultura de paz, como camino hacia la convivencia armónica permanente, así como reforzar las acciones en materia de prevención y combate al maltrato infantil, para sensibilizar a la sociedad en este problema.
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