La Comisión Permanente del Congreso del Estado dio entrada hoy a la
propuesta del gobernador Manuel Velasco Coello para abrogar el Código de
Uso de la Fuerza Legítima de Chiapas, conocida como la Ley Bala
chiapaneca o Ley del Garrote, luego de que él mismo la enviara y fuera
aprobada por el 15 de mayo y publicado en el Periódico Oficial el pasado
4 de junio.
Este miércoles por la tarde, en la sesión de la Comisión Permanente,
las diputadas locales recibieron la solicitud por parte del ejecutivo de
abrogar el código que permite el uso de la fuerza a las corporaciones
policiacas para disolver cualquier manifestación que consideren un
atentado a la seguridad del estado.
Aprobada apenas el pasado 15 de mayo y publicada el 4 de junio, este
miércoles la mesa directiva de la comisión permanente que recibió la
solicitud, turno la propuesta a la comisión de gobernación y puntos
constitucionales del mismo Congreso del Estado.
Para que la derogación quede en firme, la comisión de gobernación
debe elaborar su dictamen y turnarlo a sesión del pleno, sea ordinaria o
bien una extraordinaria.
El jueves 15 de mayo, con 26 votos a favor, cuatro en contra y una
abstención, fue aprobado en el Congreso del Estado, la iniciativa de
Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones
de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, considerado por activistas y
legisladores de oposición, como “un retroceso más en materia de
derechos humanos” en la entidad.
La citada iniciativa aprobada hoy “regula” supuestamente el uso de la
fuerza pública ante movimientos, disturbios y protestas sociales, así
como el uso de armas a los cuerpos policiacos estatales, lo que puso en
estado de alerta a activistas y organismos no gubernamentales, aunque
las voces para frenarlos fueron aisladas.
En su momento, el abogado y defensor de derechos humanos, Miguel
Ángel de los Santos Cruz, cuestionó la iniciativa de Código que
Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de
Seguridad Pública del Estado de Chiapas, pues dijo que constituye un
retroceso más en materia de derechos humanos. Se suma a otras decisiones
políticas que han implicado desandar lo avanzado en la materia, como
fue la cancelación de los apoyos económicos que se brindaban a los
adultos mayores, y como fue la integración de la Comisión de Derechos
Humanos.
Ahora, dijo de los Santos Cruz, además de no contar con un organismo
eficaz y confiable para la defensa de nuestros derechos se pretende
dotar a las policías de facultades legales para atropellar nuestros
derechos al amparo del Código sobre el uso “legítimo” de la fuerza.
En realidad, mencionó, la iniciativa de código pretende legalizar los
atropellos que ya cometen las policías y aumentar las posibilidades
legales en que pueden vulnerar nuestros derechos en el contexto de las
manifestaciones públicas.
El organismo internacional promotor y defensor de la libertad de
expresión, Artículo 19, había interpuesto ya un recurso de impugnación
ante el Poder Judicial Federal al considerar que la citada “Ley Bala”
chiapaneca, era inconstitucional-.
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