Reapareció el ex gobernador Pablo Abner
Salazar Mendiguchía en el XI Congreso Estatal Ordinario que realiza la
CIOAC, organización que lidera desde hace varios lustros Federico Ovalle
Vaquera. Acompañaron al ex mandatario estatal, el aspirante a la
presidencia del CEN del PRD Carlos Sotelo García y otros militantes de
ese partido como la diputada local Hortensia Zúñiga Torres y Carlos
Esquinca Cancino. Nada más.
El dato cobra relevancia, porque
trascendió que fueron invitados al evento el grupo que inicialmente
conformó el Frente por la Autonomía del PRD, que ahora brillaron por su
ausencia, lo que denota que se han escindido por motivos todavía no
confesados.
Sobre Ovalle Vaquera, que en el caso que
nos ocupa no es el personaje central que nos ocupa, habría que decir
que en e modus vivendi que le ocupa, viene a Chiapas cada vez que acude a
negociaciones con las autoridades gubernamentales, siendo constante
para administrar conflictos promovidos por “su” organización, y en
donde siempre se erige como el salvador y el mesías de las luchas
campesinas que libra esta organización en varias entidades del país,
sobre todo el Chiapas.
El demócrata Pablo Salazar.
Lo que llama la atención es la
reaparición de Salazar Mendiguchía, quien además hizo uso de la palabra
para “reconocer” los aportes que ha dado la CIOAC, de cuya actuación “he
aprendido mucho porque los hombres del campo aman a la madre tierra
porque ella produce vida y su vida y su trayectoria durante largos años
está enfocada a llevar beneficios a sus agremiados”.
Pablo Abner, a quien se le reconocen sus
habilidades retóricas, olvidó decir que durante su mandato—que se
caracterizó por la represión, el acoso y el avasallamiento institucional
y personal—se produjeron graves violaciones a los derechos humanos de
los chiapanecos, sobre todo, porque conculcó garantías
constitucionales de muchos ciudadanos, entre los que se destacan
precisamente quienes pertenecen a organizaciones campesinas como la que
ahora exalta, de periodistas, civiles, magisteriales, sindicales y
representaciones del poder establecido como el STJE, el Congreso, etc.
Por confesión propia y a través de uno
de sus cercanos colaboradores, se admite que de él dependió que su
sucesor Juan Sabines Guerrero accediera a la Jefatura del Ejecutivo
estatal, lo que por alcance y extensión se le puede acusar no solo de
manipular la voluntad ciudadana sino también de ser corresponsable del
grave deterioro que provocó su hijastro político circunstancial, a la
postre su verdugo.
Lo anterior es posible refrescarlo en
las páginas de la obra “El Heredero y el Miedo”, escrita por Alfredo
Palacios Espinosa. En el libro, se desnudan una serie de historias entre
Pablo y Juan, mismas que ahora nos parecen torceduras a la legalidad y
sobre todo a los afanes democráticos que dice enarbolar el confeso
admirador de la CIOAC, acusada por el EZLN de ser un grupo de curso
paramilitar.
Los cancerberos de ayer son los demócratas de hoy. Ese es el punto.
EN CONCRETO.
A modo de editorial.
Tomando como base la extrema movilidad
que mantienen muchos actores en el estado y seguramente en todo el país,
evidencia que aun cuando ya se encuentra en curso la reforma
político-electoral aprobada en meses pasados, ésta contiene algunos
aspectos que lamentablemente no fueron considerados y que se hacen
estrictamente necesarios.
Como por ejemplo el hecho de que quienes
actualmente ostentan cargos de representación popular, en cualquier
nivel, debieran terminarlos de acuerdo al período para el cual fueron
electos antes de aspirar a uno diferente en lo inmediato. Es decir,
antes de pretender asumir un cargo nuevo, deberían concluir el que
poseen en vigencia. Esto permitiría cumplir en tiempo y forma con los
ciudadanos.
Los cambios efectuados incluyeron
aspectos como la reelección a partir del 2015 para diputados federales y
locales, senadores y presidentes municipales; se creó una Fiscalía
General en vez de la PGR; se transformó el IFE en Instituto Nacional
Electoral; se elevó el número de votos que necesitan los partidos para
seguir conservando su registro, se redujo el tiempo entre la elección
presidencial y la toma de protesta; se incluyó la equidad en
candidaturas: 50% para hombres y 50% para mujeres; se posibilitaron los
gobiernos de coalición; el gabinete federal lo va a ratificar la Cámara
de diputados; nuevos mecanismos para la rendición de cuentas; mejor
control en la publicidad oficial y otros, pero no se incluyó lo
referente a que los servidores públicos deberán concluir su mandato
antes de asumir otro.
Esto hubiese permitido acotar las
ambiciones y limitar que muchos estuviesen pensando y actuando para
brincar de un lado a otro, sin que antes concluyan sus respectivos
mandatos, que muchas veces están plagados de irregularidades.
Todo esto hace patente de que la clase
política actúo en forma parcial y desatendió uno de los reclamos de los
ciudadanos, por lo que se hace necesario que en futuras reformas se
considere este asunto que aquí exponemos.
No hay que olvidar que en asuntos de
democracia, siempre existen tareas pendientes, porque es una agenda que
siempre se puede modernizar de acuerdo a los intereses de la sociedad,
que es finalmente a quien debe servir la clase política, todos sus
integrantes, sin excepción. .
APUNTES.
Convenio PRI-US.
Con el propósito de buscar alternativas
que permitan combatir incentivar a los jóvenes a continuar sus estudios
profesionales, así como combatir la deserción escolar al dotarles de
beneficios y estímulos, el presidente del CDM del PRI en Tuxtla
Gutiérrez diputado Noé Castañón Ramírez, signó un convenio de
colaboración con la Universidad del Sur. El evento que se llevó a cabo
en las instalaciones de la Institución de Educación Superior, el líder
del priismo tuxtleco ratificó su compromiso con este sector social y
expuso que para el partido que representa es de vital importancia que
logren alcanzar las metas que se han propuesto, preparándose más y con
mayor eficiencia para servir a los intereses primarios de la sociedad
chiapaneca.
Itzel de León: dedo en la llaga.
La presidenta de la Comisión de salud
del Congreso estatal diputada Itzel de León Villard, le puso el dedo en
la llaga a uno de los problemas inherentes a las actividades comerciales
bilaterales que se realizan entre los Estados Unidos y nuestro país.
De acuerdo a un comunicado oficial
emitido por la oficina de prensa de la LXV Legislatura, la representante
popular se pronunció por que se verifiquen “las condiciones de (los)
alimentos que llegan a México, en el mismo nivel que la Unión Americana
exigen a los productos (nacionales) que ingresan a su territorio”. Y se
comprometió. “Buscaremos contactar a las autoridades federales para
informar sobre la intención de participar del cumplimiento de las
normativas de EU, pero también de exigir la revisión exhaustiva de
productos manufacturados en el vecino país del norte y que ingresan a
Chiapas”.
Tal pronunciamiento se refiere a la
signa de la “Declaración de intención para la cooperación en la alianza
para la inocuidad de productos agrícolas frescos y mínimamente
procesados”, suscrita por autoridades de ambos países el pasado 24 del
presente.
El problema de fondo ha persistido desde
siempre, a pesar de que con la firma del Tratado de Libre Comercio en
1994, se intentaron regular las relaciones, los procedimientos y las
operaciones comerciales, buscando generar equidad, igualdad y trato
justo entre las naciones participantes en ese protocolo. Sin embargo, a
veinte años de instituido el TLC, México ha quedado en desventaja ante
el poderío de los vecinos y esto ha propiciado que los productores
nacionales recientan el acoso sistemático de sus similares en el
territorio imperial.
Lo idóneo respecto al pronunciamiento de
la diputada Itzel de León Villard, es que éste sea asumido por todo el
Congreso estatal y le hagan eco los legisladores federales en el
Congreso de la Unión.
De lo contrario, aunque la iniciativa es positiva y bien intencionada, se reduce simplemente a buenos deseos. ¿O no?
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