Es incuestionable que garantizar una
debida defensa en los procesos penales para los integrantes de los
pueblos y comunidades indígenas, constituyen uno de los temas de mayor
trascendencia para el Estado mexicano, afirmó el senador Roberto Albores
Gleason.
Al manifestar el voto del GPPRI a favor
de para solicitar al Poder Judicial realizar los convenios sobre el
tema, resaltó que el Estado mexicano ha llevado a cabo importantes
esfuerzos en la materia, y si bien no han erradicado el problema de una
manera total, bajo ningún contexto pueden ser desestimadas.
Entre otras acciones, mencionó que tan
solo de enero a julio del 2014, a través del programa de derechos
indígenas, se realizaron 3 mil 990 acciones a favor de 195 mil 292
habitantes de estas comunidades; en materia penal y penitenciaria se
gestionó la libertad de 714 indígenas, de los cuales 61 son mujeres.
También se llevó a cabo la ejecución de
474 proyectos para el ejercicio de derechos de acceso a la justicia y
representaciones jurídicas en materia penal y civil, con lo cual se
benefició a 81 mil 930 indígenas de mil 446 localidades de 36 municipios
en 24 entidades.
El senador por el estado de Chiapas
refirió que además se desarrollaron actividades orientadas a coadyuvar
con las instancias encargadas de la operación del sistema de justicia
penal, para que se respete el derecho al debido proceso de las personas
indígenas involucradas en asuntos penales y/o penitenciarios.
En este sentido se apoyó a 422
intérpretes en lenguas indígenas, quienes participaron en diligencias
ante el sistema de justicia penal, para atender a la población indígena
involucrada en asuntos de carácter penal, en el marco del respeto al
debido proceso, abundó.
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