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Hace unos días María Martínez Vázquez,
ex empleada doméstica del funcionario municipal, reveló los presuntos
atropellos cometidos en su contra. Detalló que desde a mediados del mes
de mayo pasado comenzaron los constantes actos de hostigamiento y acoso
sexual por parte de Camacho Portillo.
Fue hasta el pasado mes de octubre, tras
presuntamente sufrir un intento de abuso sexual, cuando decidió
informar de lo sucedido a la esposa de José Antonio Camacho, para
posteriormente abandonar su trabajo, resguardarse en su casa e iniciar
un proceso legal en contra del secretario municipal.
“Me quiso manosear poniendo sus manos en
mis piernas y mis senos, y cuando le dije que se detuviera me amenazó
con correrme si le decía algo a su esposa, ya que no sabía con quién me
estaba metiendo”, narró textualmente la denunciante, en uno de los
tantos actos de hostigamiento cometidos en su contra.
Hoy la denuncia consta en los
expedientes de la Fiscalía Especializada en Protección a los Derechos de
las Mujeres, con fecha de 9 de diciembre del año en curso, para
realizar las averiguaciones correspondientes por los delitos de
“hostigamiento y abuso sexual”, conforme a los artículos 1,3 4, 5 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas y el 237, 238,
241 y 242 del Código Penal estatal.
Más allá de su envestidura como
funcionario público, miembro del gabinete municipal, lo que lo que causa
indignación es la impunidad con la que algunos funcionarios pretenden
conducirse dentro de sus oficias públicas y fuera de ellas, con acciones
ya de por si ruines como lo es el abuso que se comete contra una mujer.
Y no es para menos. Durante los últimos
años Chiapas ya ha sido testigo de múltiples casos de hostigamiento y
violencia hacia la mujer que han tenido desenlaces fatales y
escalofriantes, donde los verdugos han sido incluso secretarios
particulares de senadores en funciones. Por eso, estos asuntos no deben
tomarse a la ligera.
Aquí la Fiscalía Especializada en
Protección a los Derechos de las Mujeres deberá demostrar la
imparcialidad que debe a la ciudadanía e investigar a fondo este caso
denunciado para deslindar responsabilidades y aplicar todo el peso de la
ley al responsable, sea del partido que sea y pese a las posibles
influencias políticas que ostente.
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