La diputada local, Alejandra Soriano
Ruiz, exigió al presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
Córdova Toledo, que inicie procedimientos administrativos y penales en
contra de Proactiva, empresa española que atenta contra la salud pública
al vertir residuos conaminantes en el ejido Emiliano Zapata de la
capital.
Este jueves en una rueda de prensa,
explicó que desde 2006 Proctiva obtuvo una concesión para encargarse del
manejo y disposición final de la basura que se genera en la ciudad; sin
embargo, el servicio que presta es ineficiente y viola la normatividad
en materia de medio ambiente.
De acuerdo con la convocatoria pública
nacional 37301005-001-06, Proactiva se comprometió a respetar la
legislación y normatividad nacional vigente; a cuidar el medio ambiente,
proteger la integridad física de los trabajadores, y a prestar un
servicio óptimo a los usuarios; pero no ha cumplido con ningún punto, e
incluso se convirtió en un riesgo para la población.
Proactiva, subrayó la legisladora del
Partido de la Revolución Democrática (PRD), vierte lixiviados en mantos
freáticos de propiedades privadas, por la mala utilización de su relleno
sanitario: contamina los suelos, la flora y la fauna de una zona del
ejido Emiliano Zapata, cercana al arroyo “Lacandón”.
Recordó que, hace unos días,
organizaciones civiles, ciudadanos y periodistas, recorrieron el lugar,
donde constataron que no existen avances para detener la contaminación y
sancionar a Proactiva.
“Es una exigencia de la sociedad la
sanción y reparación de daños ambientales que la empresa causó, porque
violenta lo señalado en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
(LFRA), y la correlativa del estado de Chiapas”.
Soriano Ruiz enfatizó que es el
ayuntamiento que encabeza Samuel Toledo el primer responsable de
verificar que se cumplan las condiciones en que se otorgó esta
concesión, según lo dispuesto en el artículo 97, fracción XII de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.
Por lo anterior, exigió al presidente
municipal que, como se lo exige la ley, atienda esta problemática de
salud pública y ambiental, y denuncie formalmente los hechos ante las
autoridades competentes.
“No permitiremos que consorcios
extranjeros como la española Proactiva, vengan a nuestro país y a
nuestro estado a ganar cantidades estratosféricas a costa del deterioro
de nuestros recursos naturales, y la salud de los seres humanos; esto no
debe quedar impune”, expresó.
Consideró “un absurdo” que el
ayuntamiento sea omiso ante esta situación; e hizo un llamado a las
autoridades ambientales a nivel estatal y federal para que en el
ejercicio de sus atribuciones resuelvan a fondo la problemática.
Este caso, indicó, manda un mensaje
claro a quienes promueven las concesiones de servicios públicos:
“Concesionar no garantiza que el servicio sea prestado con eficiencia y
legalidad”.
Las concesiones, puntualizó la diputada,
en muchas ocasiones generan redes de complicidad entre los promotores
de éstas y las empresas beneficiadas, con un acuerdo que tiene la
impunidad como sello.
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