La Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) invitará a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) a recorrer las instalaciones del cuartel militar de
Iguala, Guerrero, informó ayer el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, al tiempo que rechazó la participación de militares
en el ataque contra jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en
septiembre pasado.
Hay interés de generar desconocimiento o de involucrar a nuestro Ejército y a nuestras fuerzas federales en los hechos de Iguala. El gobierno de la República rechaza categóricamente los señalamientos que sin sustento se han hecho a nuestras fuerzas armadas, señaló.
El funcionario viajó ayer a Sinaloa, donde encabezó la primera reunión regional del año en materia de seguridad.
Defiende la labor del Ejército
Ante integrantes del gabinete de seguridad, incluidos los
titulares de la Sedena y la Marina, general Salvador Cienfuegos Zepeda y
almirante Francisco Soberón Sanz, respectivamente, así como de
gobernadores de entidades del norte del país, rechazó
los intentos de provocación en los que han querido involucrar a las fuerzas armadas.
La víspera, familiares de los normalistas desaparecidos durante el
ataque del 26 y 27 de septiembre de 2014 se entrevistaron con el titular
de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y
con Osorio Chong. Las autoridades anunciaron que las líneas de
investigación del caso se han agotado y los familiares de las víctimas
solicitaron ingresar a los cuarteles militares. También anunciaron que
continuarán por su cuenta la búsqueda de los jóvenes.
En la reunión de Sinaloa, Osorio Chong defendió la labor de la PGR y
precisó que el caso Ayotzinapa no está cerrado. Aseveró que en diciembre
no recibieron ninguna petición formal para recorrer las instalaciones
castrenses en Iguala.
Sostuvo que aunque miles de ciudadanos ingresan en forma cotidiana a
sedes militares, “les aclaramos que no es la vía para poder lograr un
objetivo.
“Los cuarteles del Ejército –explicó– son visitados por más de un
millón de personas al año, diariamente; están ahí y acuden por
diferentes motivos: para la convivencia social, familiar, actividades
deportivas y de recreación. Pero quiero puntualizar que más allá de lo
que se quedó en diciembre, reitero, nunca hubo una petición al
respecto.”
En tanto, el general Cienfuegos Zepeda dijo que en esta administración
se han hecho grandes esfuerzos para atender el problema de los derechos humanos. Precisó que la CNDH ha reconocido que en el actual sexenio
hemos reducido 62 por ciento las quejasen la materia.
En conferencia de prensa en Mazatlán, Sinaloa, Osorio Chong dijo que
las cifras en materia de seguridad y de desarrollo económico son
alentadoras, a pesar de la tragedia de septiembre y contingencias a
escala internacional.
Pidió a los mandatarios estatales no bajar la guardia, porque el
camino correcto es la coordinación entre las diversas instancias de
gobierno y, en materia operativa, avanzar hacia la instalación de las
policías estatales de mando único, cuya iniciativa será discutida en el
Congreso.
El presidente Peña Nieto aceptó la solicitud de asesores y familiares de los 43 estudiantes
Gustavo Castillo y Jesús Aranda.
El gobierno federal establecerá mesas de negociación con los
asesores legales y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos, con el propósito de definir las fechas y las
instalaciones militares que serán revisadas por civiles e integrantes de
organismos de derechos humanos nacionales, así como de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), interesados en participar en
estas acciones de búsqueda de los estudiantes, señalaron funcionarios
del gabinete de seguridad nacional.
La solicitud para revisar los cuarteles presentada por los familiares
de los alumnos al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
y al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús
Murillo Karam, fue aceptada por el presidente Enrique Peña Nieto y el
secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, y se les
permitirá revisar los cuarteles que ellos decidan para demostrar que el
Ejército no tiene responsabilidad en lo ocurrido en Iguala el 26 de
septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes.
El martes por la noche, la PGR anunció que se abrirán las puertas de
las instalaciones militares para que grupos civiles ingresen de manera
ordenada y con respeto, en respuesta a una
petición adicionalque realizaron los familiares de los normalistas en la reunión con funcionarios federales, de ingresar a lozzs cuarteles del Ejército Mexicano.
El acuerdo se logró luego que lunes pasado familiares y compañeros de
los normalistas desaparecidos enfrentaron a integrantes del 27 batallón
de infantería, con sede en el municipio de Iguala, Guerrero, cuando los
primeros trataron de ingresar al cuartel para buscar a los estudiantes.
La respuesta inicial a los familiares y sus representantes legales
fue que el gobierno federal analizaría la petición de que les
permitieran ingresar a las instalaciones castrenses, pero horas después
de que terminó el encuentro la PGR difundió que los cuarteles
están abiertos a todos los ciudadanos y que el ingreso se tendrá que hacer de manera ordenada y con respeto a nuestras instituciones.
De acuerdo con información obtenida de funcionarios, los padres de
los estudiantes desaparecidos y sus asesores se reunirán con
representantes del gobierno federal para definir fechas, lugares y
personas que ingresarán a las instalaciones castrenses.
Se prevé que integrantes de la CIDH participen en la revisión de los
cuarteles. Éstos llegarán al país en los próximos días para coadyuvar
con el gobierno de México en la investigación del caso Ayotzinapa.
En tanto, la Procuraduría General de Justicia Militar presentó el
martes pasado una denuncia ante la PGR por esos hechos, particularmente
por la agresión sufrida por 11 militares que resultaron lesionados; uno
de ellos por impacto de un petardo que le provocó fractura expuesta del
peroné de la pierna izquierda.
La Sedena afirmó en un comunicado que durante los hechos el personal
militar se limitó a resguardar las instalaciones castrenses y utilizó
escudos antimotines
con el único propósito de detener el avance los agresores. Además, rechazó que los soldados hayan utilizado gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes.
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