Un
grupo de 13 migrantes de Honduras y El Salvador, que permanecieron
varios meses en manos del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron
trasladados de forma violenta e involuntaria de Tapachula a Palenque y
Comitán, para obstaculizar su solicitud de asilo político, denunció la asociación
civil Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.
Según la acusación, los migrantes estaban en la Estación Migratoria
Siglo XXI (EM SXXI) en Tapachula a la espera de que se resolvieran
administrativa y jurídicamente sus demandas de asilo.
“El Instituto Nacional de Migración (INM) da muestra nuevamente de
sus prácticas violatorias de derechos humanos en estos centros, agravado
en este caso porque ha recurrido al uso de la violencia para someter a
13 de estas personas y trasladarlas el pasado 16 de enero a otros
centros de detención ubicados en Palenque y Comitán, sin previa
notificación a ellas ni a sus representantes legales”, dijo el
organismo.
Los 13 centroamericanos, agregó, declararon su temor de regresar a
sus países por la situación de violencia social y política que en ellos
se vive. Por ello solicitaron al Estado mexicano el estatus de
refugiados. Sin embargo, la mayoría de las peticiones han sido negadas
“sin un debido proceso”.
Además, al haber recurrido a la decisión en la vía administrativa y/o
en la judicial han sido privadas indefinidamente de la libertad, tal
como permite el artículo 111 de la Ley de Migración de México, dijo
Voces Mesoamericanas.
Según el organismo, los 13 migrantes se vieron obligadas a exiliarse
de sus países de origen, pero al llegar a territorio mexicano fueron
detenidos por diversos cuerpos de seguridad y trasladados al centro de
detención de Tapachula.
Todos se acogieron al derecho de solicitar asilo para ser reconocidos
como refugiados y obtener protección en México, de acuerdo con el
Derecho Internacional y la legislación nacional de refugio.
Las solicitudes, en muchos casos denegadas en primera instancia, se
encuentran en diversas fases de resolución y en sus procedimientos
administrativos y legales son asistidas por el Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova, agregó la asociación.
Dentro de la Estación Migratoria Siglo XXI los migrantes sufren malas
condiciones de vida e higiene. También carecen de una asistencia
consular protectora y un debido proceso, mientras viven en el
hacinamiento provocado por el reforzamiento de la frontera sur mexicana
por el blindaje y militarización generados con el Plan de la Frontera
Sur.
Según Voces Mesoamericanas, cuando los 13 migrantes se organizaron al
interior del centro para fortalecerse como grupo y sobrevivir a estas
condiciones, fueron sacados de sus camas y celdas de manera violenta por
agentes del INM y de seguridad privada.
“Algunas personas fueron esposadas y golpeadas sin entregarles sus
pertenencias, sin ofrecerles información clara y haciendo uso de la
fuerza. Nueve de ellas fueron trasladadas al centro de detención de
Comitán y cuatro al de Palenque, distantes respectivamente siete y 14
horas de Tapachula. De este modo, actualmente estas personas se
encuentran en centros de detención con peores condiciones que el de
Tapachula, hacinadas y con pésima alimentación y atención médica”,
denunció.
De acuerdo con testimonios de los afectados, en conversaciones
informales con agentes del INM, éstos les dijeron que el traslado fue
con la intención de que, alejados de sus asistentes legales, las
solicitudes de asilo serían definitivamente denegadas y, por lo tanto,
se ejecutarían las órdenes de deportación para regresarlos a la
desprotección en sus países de origen.
Incluso, dijeron que con ese movimiento impiden que el Centro de
Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, --quien tiene su representación
legal--, pueda seguir con la asesoría y representación en su proceso de
asilo.
Las nueve personas trasladadas a Comitán manifestaron a sus abogados
que las condiciones de estancia y de trato son deplorables: se
encuentran privadas de su libertad y bajo condiciones de extrema
insalubridad, con intenso frío, sin cama ni cobijas adecuadas, escasa
agua potable y comida deficiente e insuficiente.
Más: la atención médica es prácticamente inexistente y la
psicológica, nula. También carecen de información sobre su situación y
defensa legal. Incluso, acusaron ser objeto de maltrato verbal, trato
discriminatorio, ofensivo y vejatorio.
La asociación civil pidió al INM poner fin de inmediato a la
detención de estas personas y que sean puestas en libertad con un oficio
de salida que les permita “de manera rápida y efectiva” su
regularización en el país.
A la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) demandó que se
les reconozca la condición de refugiados, de acuerdo con los compromisos
adoptados por el Estado mexicano en las Declaraciones de Cartagena y
Brasilia. Además, solicitó la aplicación de las correspondientes medidas
de protección en correspondencia con el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
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