El
pasado 16 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resolvió las acciones de inconstitucionalidad 25/2013 y su
acumulada 31/2013 planteadas por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, respectivamente. En ellas se alegó la
inconstitucionalidad de la detención con control judicial,
establecida en los artículos 270 Bis 1 y 271, sexto párrafo del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial el 13 de septiembre de 2013.
La SCJN
determinó por unanimidad que la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal se extralimitó en sus facultades legislando
sobre la figura de detención con control judicial y por lo
tanto, declaró su inconstitucionalidad. El Observatorio
Ciudadano del Sistema de Justicia celebra la decisión de la
SCJN e insta a ese Tribunal a determinar la inmediata libertad
de las personas detenidas bajo la detención con control
judicial.
La detención
con control judicial, así como el arraigo, es una medida
privativa de la libertad, empleada en una investigación penal
para obtener información de una persona sin que ésta se
encuentre acusada de algún delito; manteniendo a una persona
privada de la libertad, por un periodo prolongado, mientras se
investiga y decide su situación legal.
Ambas figuras
afectan también la presunción de inocencia por lo que son
contrarias a los principios de un sistema penal democrático .
La finalidad del arraigo es detener a la persona a fin de
investigarla por un delito, sin que la autoridad responsable
de la investigación cuente con elementos suficientes para
presuponer la responsabilidad, ni la relación que ésta pueda
tener con el crimen que se busca esclarecer.
El OCSJ
celebra la decisión de la SCJN al declara inconstitucional la
detención con control judicial, sin embargo recordamos que el
pasado 14 de abril, diversas organizaciones, junto con las que
componemos el OCSJ manifestamos nuestra preocupación cuando
fue declarada la constitucionalidad de la figura del arraigo,
medida que afecta los derechos humanos a la libertad personal
y a la presunción de inocencia y constituye además un factor
para la violación del derecho a seguridad y la integridad
personales. Instamos a los ministros de la SCJN a que ajusten
sus decisiones a los más altos estándares en materia de
derechos humanos.
Observatorio
Ciudadano del Sistema de Justicia
El OCSJ
es una iniciativa fundada en junio de 2013, en la Ciudad de
México, para supervisar y promover la adecuada
implementación de la reforma del sistema de justicia penal.
Lo conforman las asociaciones civiles Asistencia Legal por
los Derechos Humanos, ASILEGAL, Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos Humanos y el Instituto de
Justicia Procesal Penal, bajo el auspicio de la Fundación
MacArthur.
La misión
del OCSJ es impulsar, con enfoque de derechos humanos, la
implementación de la reforma al sistema de justicia penal en
México, a través de actividades sistematizadas de monitoreo,
análisis, incidencia y difusión, resultantes de la
vinculación entre la sociedad civil y actores estratégicos
nacionales e internacionales.
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