En Yucatán se implementó por
completo el Sistema Acusatorio desde 2011.
Aunque ha disminuido el número de personas de personas
privadas de libertad en Yucatán, el uso de la prisión
preventiva como medida cautelar es preponderante.
El
uso de medidas cautelares alternativas a la prisión
preventiva en Yucatán es limitado.
Hoy presentamos el informe "La afectación
del derecho a la libertad personal frente a la prisión
preventiva: Una mirada desde la legislación y la práctica en
el estado de Yucatán". El documento es fruto de la
investigación documental, solicitudes de información pública
e investigación de campo. A través de él analizamos al
sistema penitenciario nacional a un año de que se agote el
plazo para la implementación del Sistema de Justicia
Acusatorio. Por último, revisamos la situación particular de
Yucatán, entidad que desde 2011 trabaja bajo el nuevo
sistema de justicia.
La prisión preventiva debería ser
la excepción, pero en México es la regla. Este es uno de los
factores que genera la sobrepoblación del sistema
penitenciario, fenómeno presente en 212 de los 387 centros
de reinserción social del país. La sobrepoblación y el
hacinamiento además provocan una disminución dramática en la
calidad de vida de las personas privadas de la libertad,
quienes por ley, se les deberían garantizar los demás
derechos.
En el caso de Yucatán, el índice de
prisión preventiva es del 42%, aunque a nivel nacional es el
tercer estado con menos personas en prisión por cada 100 mil
habitantes. Los centros penitenciarios de Yucatán han pasado
por un proceso de disminución paulatina de la sobrepoblación
hasta llegar a ocupar menos porcentaje de su capacidad real.
A pesar de ello, el uso de la prisión preventiva sigue
siendo muy frecuente.
El Sistema de Justicia Penal de
Yucatán enfrenta problemas respecto a la implementación del
Sistema Acusatorio Adversarial, ya que se supone éste abre
posibilidades de mayor respeto a los derechos humanos, no
obstante, en la práctica se materializan violaciones a
éstos.
La imposición de medidas
alternativas a la prisión preventiva aún es limitada. Al no
existir parámetros legales para fijar el monto de la
garantía económica, las juezas y los jueces lo determinan
con base a su criterio personal, con lo cual puede haber una
afectación al derecho de la persona imputada a pasar su
proceso penal en libertad.
Invitamos a revisar con
detenimiento el informe que hoy presentamos, pues como
sociedad deberíamos vigilar y exigir cuentas a los
operadores y operadoras de justicia, pero también debemos
involucrarnos en el conocimiento y respeto de las leyes.
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