Por Vinicio Portela Hernández.
Inmolación,
crucifixión, costura de labios, desangramiento, toma de edificios
públicos, ayunos, entre otros, han sido las medidas que miembros de la
organización campesina “Ricardo Flores Magón” a utilizado para obligar a
las autoridades de realizar sus pretensiones, primeramente para liberar
a su líder Florentino Gómez Girón y ahora para que no se les finque
responsabilidades penales por desplazamiento forzado de 13 familias
indígenas en la comunidad de Chigtón.
En
una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos arrojó pruebas de diversos actos ilícitos por parte de Gómez
Girón y que llegaron al grado de que este organismo emitiera una
recomendación al Gobierno del Estado para salvaguardar la integridad de
los desplazados.
A
continuación reproduzco parte de esta historia de represión y acoso de
un grupo que utiliza la bandera de la lucha campesina para ocultar una
realidad de criminalidad a los que son sometidos los miembros de la
organización “Ricardo Flores Magón”:
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), investigó entre 2012 y
2013 el caso de 13 familias tsotsiles que fueron desplazadas del Ejido
Chigtón, Chiapas, por indicaciones del líder Florentino Gómez Girón,
que era reconocido en la región por su carácter violento. Ya en años
anteriores había promovido y participado en la quema de la presidencia
municipal de Ixtapa.
Con
la revisión técnico-jurídica de las documentales, la CNDH concluyó que
los desplazados habían sido víctimas de violación a sus derechos humanos
y por tal razón emitió la recomendación al gobierno de Chiapas 84/2013,
disponible en el portal del organismo nacional.
Los
desplazados de Chigtón eran obligados por Florentino Gómez Girón, líder
de la organización Ricardo Flores Magón, a realizar ilícitos y
participar en “supuestas luchas” por la dignidad del pueblo, tapando
carreteras y agrediendo a instituciones.
Cuando
un grupo se opuso, Gómez Girón obligó a los integrantes del comisariado
ejidal a que les suspendieran servicios de agua potable, la clínica de
salud, los apoyos federales, estatales y les impuso multas de miles de
pesos, y cuando los hoy desplazados no pudieron pagarlas, fueron
golpeados, les despojaron de sus casas, parcelas y ganado, y los
expulsaron bajo el sonido de balas.
Con
este proceso comenzó para estos campesinos una historia de amenazas de
muerte que aún no termina. La expulsión de sus tierras generó no solo
desintegración familiar, sino que rompió con todo su proyecto de vida y
los orilló a dispersarse o vivir en albergues, en condiciones precarias e
insalubres, lo que ha generado que padezcan enfermedades
gastrointestinales e infecciones en la piel.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos consideró urgente que las
autoridades federales y estatales en Chiapas, impulsaran mecanismos de
atención y protección de las familias indígenas tsotsiles desplazadas y
en razón de ello, el Gobierno del Estado ejecutó acción penal en contra
de Florentino Gómez Girón.
Sin
embargo, al estar en riesgo la vida de miembros de su organización y
por solicitud de organismos protectores de Derechos Humanos, puesto que
en los primeros días de diciembre de 2014, a uno de ellos le prendieron
fuego sus propios compañeros, se intentó conciliar a los grupos
antagónicos y se suspendió la ejecución de la acción penal en contra de
Florentino Gómez Girón, quien hizo compromiso de alejarse de la vida
ilícita y dejar en paz a las familias desplazadas.
Más
fiel a su condición, siguió amenazando y su sobrino Agustín Gómez, al
que le prendieran fuego sus propios compañeros y quien es atendido en el
Centro Nacional de Rehabilitación con una cuenta millonaria, ahora
amenaza con mutilarse los dedos si no cancelan las ordenes de aprensión
que existen en contra del grupo Ricardo Flores Magón por petición de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fin de la cita.
Hasta
en este momento las manifestaciones de esta organización se vuelven más
violentos y atacan directamente a sus propios miembros. La pregunta de
este caso sería: ¿qué espera la autoridad para ejercitar las medidas
jurídicas para acabar con estas acciones que pretenden solo generar
impunidad?, esperamos como sociedad una respuesta contundente y firme,
con la fuerza que la misma Ley otorga.
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