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En la ceremonia inaugural, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, refirió que abogados, jueces y magistrados están obligados a respetar la ley para asegurarse que todas las denuncias de tortura sean investigadas y que las víctimas tengan acceso a la justicia, por eso lo trascendental de esta capacitación que contribuye a los esfuerzos de las instituciones para proteger a todas las personas contra la tortura.
Y derivado del Acuerdo de Solución Amistosa suscrito con el Estado Mexicano en el caso del señor Ananías Laparra Martínez y familia, quien fue detenido injustamente y torturado para obtener una confesión, se ofreció otorgar capacitación a los operadores de justicia bajo los estándares internacionales más altos para que puedan identificar, reaccionar, corregir, prevenir, denunciar y sancionar el uso de técnicas de tortura y coacción.
“En mi administración es primordial estar actualizados y trabajar coordinadamente con la Federación en la defensa y respeto de los derechos individuales”, aseveró el magistrado presidente ante funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de Gobierno del Estado de Chiapas, así como servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia, Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En su intervención, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, Sara Irene Herrerías Guerra, agradeció al gobierno de Chiapas su puntual atención para dar seguimiento al acuerdo suscrito, el cual incluye esta capacitación tendiente a evitar toda violación de derechos por parte de las autoridades que intervienen en la procuración y administración de justicia.
Por lo que durante cinco módulos con un total de 30 horas se disertarán diversos temas a defensores y personal jurisdiccional, que se verá reflejado en un mejor servicio profesional de las instituciones del gobierno de México y de la entidad.
En el evento estuvieron presentes Juan Óscar Trinidad Palacios, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el director de Vinculación con Derechos Humanos, Trata de Personas y Discriminación, Fernando Pérez Robles, en representación de la Secretaría de Gobierno.
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