“Se observan que un promedio de 35 millones de hectáreas están en poder de la industria minera lo que ha propiciado la nula producción de alimentos y, ceder más espacios, es peligroso”, estableció Francisco Pablo.
Las mineras han volteado sus ojos a entidades como Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, principalmente entidades federativas ubicadas en el sur del país con alto potencial productivo de alimentos, y rica en recursos hídricos.
“De momento en los altos de Tapachula, otros municipios ya se da la defensa jurídica en ejidos y comunidades al grado de que se han interpuesto varios amparos en la materia”.
La clave, dijo, está en que no dejaremos que se haga una Reforma al Campo a modo para despojar con facilidad a los campesinos, “las principales demandas concentrar la Reforma para el Campo donde las organizaciones campesinas sean consideradas con sus propuestas y detener las leyes secundarias que así afecten”.
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