“La reducción en el precio de las
viviendas en zonas pobres ha sido 40 por ciento mayor que en aquellos
sectores que han experimentado picos de violencia homicida de corta
duración”, dice.
Laura Jaitman coordina el área de
investigación en Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Sus principales
temas de investigación son economía del crimen, evaluación de políticas
para prevenir y reducir el delito, y economía política. Antes fue
consultora del Banco Mundial, el BID y J-PAL en temas de evaluación de
impacto de políticas públicas en distintos países de América Latina. Es
Doctora en Economía de University College London, Reino Unido; Master en
Economía de la Universidad de San Andres, Argentina, y Licenciada en
Economía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
“El crimen nos cuesta”, dice la
especialista en el texto “¿Qué impacto tiene la delincuencia en el
precio de su vivienda? El caso de México”, publicado por el BID.
“Nos cuesta de manera directa —por las
mayores inversiones públicas y privadas en seguridad, como policías,
alarmas, costos de salud, costos de encarcelamiento, entre muchos otros
factores— como de manera indirecta, por los cambios de los
comportamientos que hacemos por miedo al crimen. El crimen afecta el
bienestar de la sociedad”.
¿Pero cómo medimos este efecto?,
cuestiona. “Tener una mejor comprensión de los costos indirectos de la
delincuencia es crítico para conocer el impacto de la violencia sobre el
desarrollo. En nuestro reciente libro Costos del Crimen y la Violencia en el Bienestar en América Latina y el Caribe evaluamos
el impacto de los homicidios sobre el precio de la vivienda en
México. Una de las formas en la literatura de medir cambios en el
bienestar es mediante la disposición de pagar de la gente”, dice la
economista Jaitman. “Debería existir una menor disposición a pagar por
bienes inmobiliarios ubicados en zonas violentas, reduciendo el
bienestar social de las víctimas”.
“Para ver si eso es cierto, muchas veces
se utiliza la metodología de precios hedónicos, es decir, valuar todas
las partes de bienes compuestas. En el caso de las propiedades, esto
incluiría además de los metros cuadrados, el servicio de seguridad. En
este estudio, Ajzenman, Galiani y Seira (2015) utilizamos precios y
otras características de viviendas de más de 1.3 millones avalúos de
casas y apartamentos vinculados a solicitudes de hipoteca reportadas a
la Sociedad Hipotecaria Federal entre 2008 y 2011 que cuentan con datos
geo-referenciados”, agrega.
Por otra parte, la información sobre
homicidios procede del Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)
que registra la causa de muerte, la fecha y el lugar donde ocurrió. El
total de observaciones permite hacer una evaluación desagregada de los
efectos de la violencia sobre la vivienda social y residencial.
Se detecta un incremento del 100 por
ciento en la tasa de homicidios asociado a una caída en el precio de las
viviendas de bajo costo de 0.9 por ciento a 1.2 por ciento, mientras
que los precios en las zonas residenciales no se ven impactados.
Extrapolando a nivel nacional, y considerando que entre 2006 y 2011 la
tasa de homicidios se disparó más de 200 por ciento, “estos resultados
indican que durante este período los precios de las viviendas de las
familias más pobres han disminuido 2.5 por ciento a consecuencia de la
violencia”.
La especialista dice que el análisis
posterior de sección cruzada concluye que la escalada en la tasa de
homicidios tiene un impacto del 64 por ciento al 81 por ciento superior
en los pobres en relación con los no pobres, dependiendo del indicador
de victimización considerado. “Por otro lado, aunque pobres y no pobres
tienden a cambiar de residencia más en aquellas municipalidades con
mayores incrementos de la violencia homicida, el efecto es un 50 por
ciento mayor en el caso de los hogares pobres”.
Además, agrega, en los municipios donde
la violencia ha sido más persistente —por ejemplo, reflejándose en un
incremento de al menos 150 por ciento en el número de homicidios entre
2008 y 2011, con tasas de homicidios sucesivamente crecientes durante
este período— la reducción en el precio de las viviendas en zonas pobres
ha sido 40 por ciento mayor que en aquellos sectores que han
experimentado picos de violencia homicida de corta duración.
En síntesis, la violencia tiene un
efecto distributivo regresivo, afectando más a las familias de escasos
recursos frente a las de altos ingresos, reduciendo el valor de uno de
los activos más importante para ellas: su vivienda.
“Dado ello, entonces, y en el ánimo de
encontrar un lugar en el cual se sientan más seguros, el incremento de
la violencia homicida relacionada a drogas habría provocado un patrón
migratorio intensificado de los hogares pobres al carecer de los medios
para acceder a viviendas de mayor costo que disponen de mayores medidas
de protección”, dice Laura Jaitman. “Queda claro que los costos
intangibles del crimen pueden exacerbar la desigualdad y la brecha de
pobreza”. Vía SinEmbargo.
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