Denuncian irregularidades y opacidad en los manejos de AFORES y SIEFORES; señalan que el 50.8% de los fondos de pensiones se utilizan para cubrir deuda pública.
En conferencia de prensa, integrantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) acusaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de utilizar los fondos de pensiones como gasto corriente, al utilizar más del 50% de esos recursos en deuda pública y exigieron al secretario Luis Videgaray que saque las manos de los fondos de pensiones.
“Es urgentísimo que el gobierno saque las manos de los fondos de pensiones. Eso que ellos llaman deuda pública, en realidad es gasto corriente, no nos vayamos con la finta. Los señores están utilizando este dinero para pagar su funcionamiento, su aparato burocrático, lo que es un desvío, un quebranto completamente ilegal”, denunciaron Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, coordinador de propaganda y prensa de la organización; y los abogados Humberto Luna y Héctor Larrínaga.
Exigieron al gobierno que respete su propia legalidad e invertir esos fondos de pensiones para impulsar el mercado interno. Y tras sostener que la estructura de la CONSAR debe ser reformada para que sean obreros y empresarios quienes decidan en qué instrumentos invertir los fondos de pensiones, plantearon una reestructura a la CONSAR y a su consejo para que éste no sea consultivo sino resolutivo y vinculante.
Los demandantes acusaron opacidad e irregularidades en AFORES y SIEFORES que contravienen la actual Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y acusaron a la CONSAR de fomentar estás prácticas al no pormenorizar la información que reciben los trabajadores jubilados y en activo a través de sus estados de cuenta.
Horacio Zacarías acusó a las instituciones responsables de vigilar el manejo de dichos recursos y garantizar la seguridad patrimonial de los trabajadores, de ser títeres del Secretario de Hacienda en turno, otorgando el dinero de los jubilados como capital de especulación.
Con base en el tercer informe de 2015 enviado por la CONSAR al Congreso, los demandantes señalaron que la mayor parte de los fondos de pensiones administrados por AFORES Y SIEFORES se utilizaron para comprar deuda pública y no para promover la inversión en actividades productivas, como estipula la ley en el artículo 43.
Precisaron que de los 2 billones 469,572 millones de pesos, reconocidos como activos netos, la Secretaría de Hacienda utilizó 50.80% para comprar deuda gubernamental, 17.10% se invirtió en valores internacionales, 6.30% en deuda variable, 5.8% en valores estructurados, sólo 4% en empresas productivas del Estado y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo que deja sólo 13.8% para invertir en los diferentes sectores productivos de la industria nacional.
A nombre de jubilados, pensionados y trabajadores en activo, cuestionaron que en lugar de utilizar los fondos generados por las pensiones para impulsar el crecimiento de la industria mexicana y convertirlo en capital productivo para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales, este dinero se utilice para cubrir las deudas gubernamentales y como capital de especulación.
Así pues explicaron que aun cuando la ley prevé que los trabajadores puedan demandar en caso de irregularidades en el manejo de sus pensiones, estos se encuentran en total indefensión, pues la información que tienen respecto a sus cuentas individuales es prácticamente nula, impidiendo con ello cualquier argumento en contra de los sistemas de pensiones.
“El trabajador no es informado por las sociedades de inversión sobre los riesgos, montos y movimientos de sus ahorros, por ello no puede denunciar, ni reclamar el monto del salario ni su integración, ya que dicha información no viene en los Estado de Cuenta y el trabajador no puede saber si los recursos que están entrando a su fondo de pensiones son los que le corresponden”, precisaron.
Para ir más lejos, los representantes de la organización de jubilados recordaron que es el Secretario de Hacienda quien preside la Junta de Gobierno de la CONSAR y que el designa a los integrantes de la misma, es decir, son juez y parte, siendo esta junta quien tiene la última palabra en los conflictos que involucran a la CONSAR, puesto que el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, responsable de vigilar las posibles situaciones de conflicto de interés, prácticas monopólicas o fraudes, sólo puede emitir recomendaciones y estas no son vinculantes.
Por todo ello, anticiparon que continuarán la lucha por la vía jurídica y exigieron a la Secretaría de Hacienda que saque las manos de los sistemas de pensiones y apliquen la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando a AFORES y SIEFORES a otorgar información completa a los trabajadores, incluyendo movimientos en estados de cuenta, historial labora así como reporte de los rendimientos que acumulan bimestralmente, “estamos buscando la correcta aplicación del Estado de Derecho y vamos por la defensa de nuestro patrimonio. Somos millones los trabajadores afectados por estas medidas y continuaremos la lucha por la vía legal para recuperar nuestros ahorros” advirtieron.
En conferencia de prensa, integrantes de la Organización de Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM) acusaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de utilizar los fondos de pensiones como gasto corriente, al utilizar más del 50% de esos recursos en deuda pública y exigieron al secretario Luis Videgaray que saque las manos de los fondos de pensiones.
“Es urgentísimo que el gobierno saque las manos de los fondos de pensiones. Eso que ellos llaman deuda pública, en realidad es gasto corriente, no nos vayamos con la finta. Los señores están utilizando este dinero para pagar su funcionamiento, su aparato burocrático, lo que es un desvío, un quebranto completamente ilegal”, denunciaron Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE; Marco Antonio Torres, coordinador de propaganda y prensa de la organización; y los abogados Humberto Luna y Héctor Larrínaga.
Exigieron al gobierno que respete su propia legalidad e invertir esos fondos de pensiones para impulsar el mercado interno. Y tras sostener que la estructura de la CONSAR debe ser reformada para que sean obreros y empresarios quienes decidan en qué instrumentos invertir los fondos de pensiones, plantearon una reestructura a la CONSAR y a su consejo para que éste no sea consultivo sino resolutivo y vinculante.
Los demandantes acusaron opacidad e irregularidades en AFORES y SIEFORES que contravienen la actual Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y acusaron a la CONSAR de fomentar estás prácticas al no pormenorizar la información que reciben los trabajadores jubilados y en activo a través de sus estados de cuenta.
Horacio Zacarías acusó a las instituciones responsables de vigilar el manejo de dichos recursos y garantizar la seguridad patrimonial de los trabajadores, de ser títeres del Secretario de Hacienda en turno, otorgando el dinero de los jubilados como capital de especulación.
Con base en el tercer informe de 2015 enviado por la CONSAR al Congreso, los demandantes señalaron que la mayor parte de los fondos de pensiones administrados por AFORES Y SIEFORES se utilizaron para comprar deuda pública y no para promover la inversión en actividades productivas, como estipula la ley en el artículo 43.
Precisaron que de los 2 billones 469,572 millones de pesos, reconocidos como activos netos, la Secretaría de Hacienda utilizó 50.80% para comprar deuda gubernamental, 17.10% se invirtió en valores internacionales, 6.30% en deuda variable, 5.8% en valores estructurados, sólo 4% en empresas productivas del Estado y 2.20% en Banca de Desarrollo, lo que deja sólo 13.8% para invertir en los diferentes sectores productivos de la industria nacional.
A nombre de jubilados, pensionados y trabajadores en activo, cuestionaron que en lugar de utilizar los fondos generados por las pensiones para impulsar el crecimiento de la industria mexicana y convertirlo en capital productivo para impulsar el crecimiento de las empresas nacionales, este dinero se utilice para cubrir las deudas gubernamentales y como capital de especulación.
Así pues explicaron que aun cuando la ley prevé que los trabajadores puedan demandar en caso de irregularidades en el manejo de sus pensiones, estos se encuentran en total indefensión, pues la información que tienen respecto a sus cuentas individuales es prácticamente nula, impidiendo con ello cualquier argumento en contra de los sistemas de pensiones.
“El trabajador no es informado por las sociedades de inversión sobre los riesgos, montos y movimientos de sus ahorros, por ello no puede denunciar, ni reclamar el monto del salario ni su integración, ya que dicha información no viene en los Estado de Cuenta y el trabajador no puede saber si los recursos que están entrando a su fondo de pensiones son los que le corresponden”, precisaron.
Para ir más lejos, los representantes de la organización de jubilados recordaron que es el Secretario de Hacienda quien preside la Junta de Gobierno de la CONSAR y que el designa a los integrantes de la misma, es decir, son juez y parte, siendo esta junta quien tiene la última palabra en los conflictos que involucran a la CONSAR, puesto que el Comité Consultivo y de Vigilancia de la CONSAR, responsable de vigilar las posibles situaciones de conflicto de interés, prácticas monopólicas o fraudes, sólo puede emitir recomendaciones y estas no son vinculantes.
Por todo ello, anticiparon que continuarán la lucha por la vía jurídica y exigieron a la Secretaría de Hacienda que saque las manos de los sistemas de pensiones y apliquen la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, obligando a AFORES y SIEFORES a otorgar información completa a los trabajadores, incluyendo movimientos en estados de cuenta, historial labora así como reporte de los rendimientos que acumulan bimestralmente, “estamos buscando la correcta aplicación del Estado de Derecho y vamos por la defensa de nuestro patrimonio. Somos millones los trabajadores afectados por estas medidas y continuaremos la lucha por la vía legal para recuperar nuestros ahorros” advirtieron.
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