Sujetos identificados plenamente con el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y con el presunto grupo
paramilitar “Paz y Justicia” incendiaron las instalaciones de la
Comisaría Ejidal de la comunidad Nueva Esperanza en el municipio de
Tila, Chiapas lo que ha generado una fuerte tensión, denunció el Comité
de Derechos Humanos de Base de Chiapas “Digna Ochoa”.
El organismo no gubernamental de
derechos humanos explicó en un comunicado difundido a medios de
comunicación: “sujetos que identifican como paramilitares del PVEM
encabezados por Graciano Gómez Pérez alias “El Castro”, quienes se
conducían un vehículo tipo Volkswagen incendiaron el interior y exterior
de la oficina del Comisariado Ejidal que se encuentra en poder de
ejidatarios que han denunciado violaciones a los derechos humanos y han
exigido justicia por la desaparición forzada, tortura y ejecución
sumaria de Toni Reynaldo Gutiérrez López. Lo que ha generado una
situación de extrema tensión en el ejido de Nueva Esperanza en el
municipio de Tila”.
Al tiempo que señaló que la información
de dichos acontecimientos la obtuvieron vía telefónica de Magali del
Carmen cruz Pérez y de Ejidatarios quienes explicaron que dichos hechos
se registraron a las 00:30 horas de este diecinueve de los corrientes.
“Ante esta situación ejidatarios y
pobladores del ejido Nueva Esperanza han decidido iniciar una demanda
penal por la probable comisión de diversos delitos cometidos por grupos
armados paramilitares que identifican pertenecen al PVEM, además de que
informan que el día de hoy han iniciado un bloqueo carretero en el
desvío a Sabanilla de la carretera Yajalón-Tila.
Este hecho de violencia en contra de
ejidatarios y pobladores por parte de paramilitares pertenecientes al
PVEM quienes actúan bajo la coordinación y mando del Ayuntamiento
Municipal de Tila encabezado por Edgar Leopoldo Gutiérrez Gómez (hermano
del exalcalde Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y líder del grupo
paramilitar Paz y Justicia que se escuda en el PVEM) no es casual, se
presenta a dos días después de cumplirse 7 meses de la desaparición
forzada, tortura y ejecución de Toni Reynaldo, y de la denuncia que hizo
Magali del Carmen Cruz Pérez en San Cristóbal de Las Casas el 9 de
febrero a unos días de la llegada del Papa Francisco a Chiapas.
Magali del Carmen Cruz Pérez denunció
que en Tila se vivía un clima de preocupante violencia y conflictividad
social en el estado, además de desde el gobierno de Chiapas se alienta,
protege y han reactivado grupos de corte paramilitar y delincuencial los
cuales operan con total impunidad; denunciando que ha recibido
llamadas de los regidores Ezequiel Gómez Pérez del PRI y Alejandro Díaz
Martínez del PVEM del ejido Nueva Esperanza para que cese sus reclamos
públicos de justicia y acepte la indemnización que le ofrecen”.
Frente a dichos acontecimientos dicho
Comité hizo directamente responsables de lo que ocurra en el municipio
de Tila al gobernador Manuel Velasco Coello, al Secretario General de
Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, al Procurador General de Justicia
Raciel López Salazar y al presidente municipal de Tila Edgar Leopoldo
Gutiérrez Gómez, ya que desde el gobierno se protege, ampara y financia a
grupos paramilitares del PVEM y PRI en el municipio de Tila y desde
hace meses han advertido que es un foco rojo y que está latente el
riesgo de una masacre de gran magnitud.
“Responsabilizamos al gobernador Manuel
Velasco Coello de la vida, seguridad e integridad personal de Magali del
Carmen Cruz Pérez y su familia, de los ejidatarios y pobladores de
Nueva Esperanza y de quienes acompañamos como defensores de Derechos
Humanos. Preguntamos al gobernador Manuel Velasco Coello ¿Qué espera
como gobernador de Chiapas para tomar acciones para desarticular a
grupos paramilitares del PRI y PVEM ligados a Paz y Justicia? ¿qué haya
una masacre de tal magnitud que lo obligue a presentar su renuncia?
Por último señalamos que como lo
advertimos públicamente y se lo hicimos saber al Papa Francisco en una
carta abierta enviada a la Nunciatura del Vaticano en México, luego de
su visita se desataría en Chiapas una persecución contra quienes
defendemos los Derechos Humanos y se alentaría un clima de violencia
desde el gobierno en comunidades y pueblos indígenas y campesinos en
donde existen intereses y recursos naturales y energéticos”, finalizan. Vía Mural Chiapas
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