Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Por la presunta participación en los delitos de ecocidio, violencia familiar y portación de arma de fuego sin permiso,elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) yPolicía Municipal, a través del Mando Único Policial, detuvieron a dos personas en los municipios de Tonalá y Comitán.
Uniformados de la Policía Estatal Preventiva, Estatal de Tránsito, Especializada y Policía Municipal destacamentados en el municipio de Tonalá, al patrullar el libramiento principal, sorprendieron al conductor de un vehículo Marca Chevrolet tipo Pick-Up de color azul y placas de circulación DA-78-436 del estado de Chiapas, conduciendo a exceso de velocidad.
Después de minutos de persecución debido a que el conductor no disminuía la velocidad, le fue practicada una revisión a la unidad, de la cual fueron localizadas en la parte posterior, 12 planchones de madera al parecer de roble.
El conductor que se identificó como Isidro “N” de 64 años de edad, fue detenido, al no acreditar la documentación de transporte del material.
La segunda acción, derivó de la atención a una denuncia ciudadana sobre violencia familiar, en un inmueble ubicado en la 8ª Avenida Oriente y 3ª Calle Norte del municipio de Comitán.
Al trasladarse al lugar de los hechos y entrevistarse con la víctima, fue montado un operativo para detener al presunto agresor de la mujer, quien fue localizado cuadras delante de domicilio, portando un arma de fuego tipo escuadra calibre 22 milímetros, de la cual no acreditó la legal portación, que tiene que ser expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Por lo que, a petición de la parte agraviada, fue detenido Delmar “N” de 22 años de edad.
La responsable participación de la sociedad en materia de seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de las policías, permitió que los detenidos, que tienen el carácter de probables responsables, se encuentren bajo la jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.
Mientras que se realizó la cadena de custodia respectiva del objeto del delito, como lo marcan los protocolos nacionales de actuación de primer respondiente.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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