La Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció la grave situación de división social que se vive en el municipio de Chenalhó y el uso de armas sin control, alertó, que pueden desembocar en un suceso aún más violento en ese municipio.
En una carta firmada por Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San
Cristóbal de las Casas, Enrique Díaz Díaz, obispo coadjutor y Fray
Gonzalo Ituarte Verdusco, vicario de Justicia y Paz, condenaron el hecho
de que un grupo encapuchado violento no ha respetado el recinto sagrado
religioso donde irrumpió el miércoles pasado.
Explicaron que por los problemas políticos y sociales que surgieron
en Chenalhó, por las inconformidades de algunas personas contra la
presidenta municipal y por el peligroso clima de violencia que se
presentaba, un grupo de ciudadanos solicitó a la diócesis el servicio de
mediación para que hubiera diálogos entre ellos y las autoridades del
Congreso y del gobierno estatal. Y que sin dudar aceptaron dar este
servicio como una colaboración para encontrar la paz, la justicia y la
reconciliación.
“Hubo un primer encuentro en la Curia Diocesana entre ese grupo y los
legisladores, se agendó un segundo para el lunes 23 de mayo, que no se
pudo realizar por los problemas suscitados en Tuxtla con los maestros,
se estaba llevando a cabo ese segundo encuentro el miércoles 25, en
nuestras oficinas, los legisladores estaban proponiendo un diálogo entre
el grupo inconforme y la entonces presidenta municipal, para buscar
soluciones de acuerdo a la justicia, a la verdad y a la ley”, dice la
carta.
Señala que en el marco del diálogo no se veían elementos jurídicos
para hacer renunciar a dicha presidenta, “fue entonces que, avisados por
alguien -no sabemos quién haya sido, de dentro o de fuera-, entraron a
la Curia diocesana muchos hombres con palos, piedras y tabiques, y
sacaron a la fuerza al Lic. Eduardo Ramírez, presidente del Congreso
Estatal, con otro diputado, y se los llevaron a la plaza pública de
Chenalhó”.
Y que el resultado de este secuestro es ya conocido: Se obligó a la
presidenta a renunciar y se tuvo que aceptar como nuevas autoridades
municipales a quienes el grupo inconforme exigió. La violencia se
desató, sobre todo en el ejido Puebla, como una reacción de los
seguidores de la presidenta, con saldo de dos muertos, varios heridos y
bastantes familias desplazadas.
Ante estos hechos, la Diócesis lamentó que no haya sido el diálogo,
sino la violencia y el secuestro, el camino por el que autores
intelectuales y materiales optaron para enfrentar este caso y que les
duele que no se hayan respetado las instalaciones de la Curia Diocesana,
como un recinto de búsqueda de paz y de justicia, ni en los años 94-95
hubo esas faltas de respeto.
“Nos preocupan las reacciones de violencia entre los grupos
opositores dentro del mismo municipio, que pueden seguirse desatando,
pues desde 1997 hay rencores y divisiones no superados, y existen armas
sin control. Hacemos un atento llamado a los grupos contrarios a
respetarse como hermanos, a no quemar casas ni utilizar armas y otros
objetos para dañar a los demás. La mayoría son creyentes en la Palabra
de Dios, que nos invita al perdón y al amor mutuo. Somos diferentes,
pero todos hijas e hijos del mismo Padre Dios”, indica la carta.
Los obispos y el vicario manifestaron su disposición como diócesis
para trabajar siempre a favor de la paz y coadyuvar en todos los
diálogos que conduzcan a ella. Y que están analizando si pueden seguir
ofreciendo sus instalaciones para estos diálogos, pues no cuentan con
personal y medios para evitar que sucedan hechos violentos como el
pasado.
Exhortaron a las autoridades y a los legisladores a atender con
prontitud las inconformidades justas que se presentan en los pueblos
para no desencadenar la irritación social, difícil de controlar y
encausar.
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