Organismo empresariales, industriales y
prestadores de servicios turísticos demandaron acciones emergentes para inhibir
el decrecimiento económico; desde las pasadas elecciones se generó un ambiente
de inestabilidad social, acusaron.Tuxtla Gutiérrez.- Empresarios, organismos empresariales e industriales dieron un plazo de 48 horas al gobernador Manuel Velasco Coello para que instale una mesa de diálogo pública en la que se comprometa a liquidar adeudos, resolver los conflictos sociales, reactivar la economía y garantizar el libre tránsito de las personas, ante una economía local que va en decrecimiento.
Una veintena de empresarios, presidentes de
cámaras empresariales, industriales y prestadores de servicios turísticos
urgieron al gobierno estatal iniciar una evaluación del “desempeño y resultado
de los titulares de las secretarías, los subsecretarios y directores de áreas a
los cuales se les ha confiado la dirección y administración de los recursos
públicos” y elaborar un informe puntual sobre el desarrollo del estado.
En una conferencia, David Zamora Rincón,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), llamó al gobierno de
Velasco Coello a reorientar el presupuesto de egresos para ejercerlo en gasto
de inversión y de esa forma “hacer eficiente el gasto social a programas
productos que generen desarrollo económico”, ya que que “los programas sociales
no han logrado objetivos planteados para la reducción de la pobreza”.
Al fondo de los empresarios fue colgada una lona
con la frase “Gobernador: atiéndanos, escúchanos y cúmplanos”, al asegurar que
en 2015 se registró un año crítico en materia de desarrollo económico, pues
mientras que la economía nacional creció un 2.5 por ciento, en Chiapas, los
indicadores oficiales señalan que el estado decreció un 16 por ciento.
Zamora leyó en un pronunciamiento en el que
señaló que en los tres primeros meses de este 2016, la población económicamente
activa desocupada aumentó en 8 mil personas más, por lo que “esto nos indica
que el empresariado no tiene los recursos ni las ventas necesarias para
desarrollar y crear más empresas y con ello fuentes de empleo”.
Los empresarios manifestaron que en la entidad
“hay desconfianza para invertir derivado de constantes invasiones a propiedades
privadas, pago de pasajes o cuotas económicas, bloqueos a carreteras federales
y estatales, bloqueos de accesos a ciudades y centros de población, toma de
edificios y espacios públicos, daño a transportes, incumplimiento de contratos
y falta de pago por contraprestaciones otorgadas al Estado”.
Por ello, pidieron que el gobierno local dé a
conocer el plan de austeridad para reducir el gasto corriente de los poderes
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que fue anunciado por el gobierno federal
por un recorte de 124 mil millones de pesos y para 2017, un recorte adicional
de 175 mil millones de pesos.
El portavoz de la IP solicitó que se reduzca el
número de asesores y asistentes de funcionarios y reducir el gasto
publicitario.
Y, a los ahora exconsjeros de los órganos
electorales, los responsabilizaron de “generar un ambiente de inestabilidad
social y política producto de unas pasadas elecciones con irregularidades”.
Finalmente, los empresarios urgieron que se
delineen acciones para reactivar la economía y un programa de rescate al sector
empresarial a través de incentivos fiscales y un financiamiento de 600 millones
de pesos con una tasa del cero por ciento de interés.
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