El presidente Enrique Peña Nieto se
comprometió ante empresarios a analizar y, en su caso, modificar el
artículo 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
antes de que sea promulgada esta legislación en el DOF.
El Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió anoche ante
empresarios a analizar y, en su caso, modificar el artículo 29 y 32 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, antes de que sea
promulgada esta legislación en el Diario Oficial de la Federación.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Juan Pablo
Castañón, acudió a Los Pinos para expresar los errores de los artículos
mencionados y explicar lo inoperable que resultaría la declaración
fiscal, patrimonial y de intereses de dueños y de los trabajadores de
las empresas, así como de los becarios y beneficiarios de los programas
gubernamentales, que más allá de lograr transparencia, llevaría a la
incertidumbre jurídica.
La recepción a empresarios, que no formaba parte de la agenda pública
del Ejecutivo, se da en un contexto en el cual este sector ha
manifestado su rechazo a cierto contenido de la Ley 3de3 que obligaría a
la IP que sostiene contratos con el gobierno federal a presentar sus
declaraciones fiscal, de conflicto de interés y patrimonial.
El presidente Peña Nieto ya tiene en sus manos desde el pasado 15 de
junio una serie de reformas que fueron aprobadas por el Congreso de la
Unión, tales como la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Durante la tarde del martes, comenzaron a circular versiones de la
cancelación de la promulgación de la Ley 3de3, luego de que la senadora
de Movimiento Ciudadano Martha Tagle publicara en su cuenta de Twitter
que la Secretaría de la Función Pública (SFP) cancelaba el evento
programado para dicha promulgación.
Sin embargo, la SFP negó haber girado invitaciones al evento de
promulgación del paquete de leyes anticorrupción, y luego los oficios
de cancelación de ese evento. La dependencia explicó que su logotipo
apareció en los oficios porque formó parte de la organización, pero no
le correspondió hacer la convocatoria a los invitados.
Por otro lado, en lo que va de su mandato, Enrique Peña Nieto no ha vetado ninguna ley.
El pasado 15 de junio, el Senado de la República le cerró la puerta a
los cambios que planteó la Iniciativa Privada (IP) a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas; además de que, en el marco del
combate a la corrupción, se negó también a que los empresarios que
reciban recursos públicos queden exentos de presentar sus declaraciones
patrimonial y de interés, así como su constancia anual de declaración de
impuestos.
Al tiempo en que el Senado le dio más obligaciones a la IP, también
le cerró la puerta a este sector, al no incluir en la ley los cambios
que solicitaron la Coparmex, la Concamin y el CCE en la Ley de
Responsabilidades Administrativas.
La cúpula empresarial solicitó 17 modificaciones que le fueron
negadas, entre ellas que la suspensión de actividades y la disolución de
la sociedad respectiva, como consecuencia de las faltas
administrativas graves de los particulares, procedan cuando el Tribunal
solicite la opinión de la Secretaría de Economía o de la autoridad
reguladora de la persona jurídica para evitar afectaciones negativas al
mercado o localidad en la que la persona moral opere.
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