Con el compromiso de privilegiar una política de coordinación y puertas abiertas para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue sede de una reunión de trabajo en la que participó la especialista Ana Yeli Pérez Garrido, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio.
En este encuentro, estuvieron presentes la presidenta del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Martha Figueroa Mier; así como representantes de la Procuraduría de Chiapas, entre ellos, la Fiscal Especializada en Protección de los Derechos de las Mujeres y el Fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio.
En su presentación, Ana Yeli Pérez Garrido destacó la voluntad de la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello para trabajar de la mano con las organizaciones sociales para atender de manera integral la problemática de la violencia de género.
En este sentido, expuso el concepto de feminicidio desde una perspectiva sociológica-antropológica, y recordó que fue Diana Rusell quien utilizó el término “feminicide” por primera vez en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer.
La también coordinadora de Proyectos del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Quintana Roo, afirmó que de la misma manera que se mata a una persona por su raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, se asesina a una persona por su género.
“El feminicidio adquiere al igual que la violación, un sentido preponderante: hacer efectiva la dominación masculina”, señaló.
Asimismo, refirió que la importancia de la conceptualización del feminicidio ayuda a entender la relación entre la víctima y el agresor, y el tipo de agresión cometido hacia el cuerpo de la mujer.
En otro punto, expuso la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la muerte de Mariana Lima Buendía en el año 2010 en el Estado de México, en la que se observaron inconsistencias en las investigaciones, toda vez que el Ministerio Público había determinado que se trataba de un suicidio, cuando las pruebas señalaban un homicidio.
Al tomar la palabra, el Fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio, Luis Alberto Sánchez Sánchez, dio a conocer que la PGJE Chiapas ha puesto en marcha un protocolo de investigación para privilegiar la perspectiva de género, y procurar una justicia integral.
Así también, la Fiscal en Protección a los Derechos de las Mujeres detalló que a partir de la puesta en marcha del Plan de Acciones Emergentes para la Violencia de Género y el Feminicidio, el estado de Chiapas ha registrado una disminución en estos casos, derivado del aumento de órdenes de protección y el trabajo coordinado en materia de prevención.
Por su parte, Martha Figueroa Mier abordó la importancia de la capacitación de los servidores públicos y señaló que la labor de la Procuraduría ha permitido a las víctimas contar con acceso a la justicia.
Asimismo, reconoció el compromiso de la institución que encabeza Raciel López Salazar con la apertura, al escuchar a los familiares de las víctimas, quienes han manifestado que hoy existe justicia no sólo para ellos, sino para todas las mujeres en la entidad.
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