La
industria de la seguridad privada requiere leyes estrictas para tener una sana competencia.
Con nueva
ley, el usuario final también se beneficiará y sólo empresas legales
participarán.
“Como lo hemos asegurado en diversos foros
con medios de comunicación y autoridades, el sector de la seguridad privada
requiere un reordenamiento, principalmente porque nuestra labor es de
protección a particulares y como coadyuvantes de la seguridad pública, es
necesaria la profesionalización de actividades y servicios. Es impostergable
una nueva Ley Federal que regule la competencia leal, pero que a su vez cierre
el paso a compañías que operan al margen y lo único que hacen es poner el
riesgo a los usuarios finales y el nicho del blindaje automotriz no es la
excepción”, afirmó Ernesto Mizrahi Haiat, presidente de la Asociación Mexicana
de Blindadores de Automotores (AMBA).
Ante
el reciente pronunciamiento del Comisionado de Nacional de Seguridad, Renato Sales
Heredia, en la Reunión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada, sobre de
la urgente necesidad de crear un nuevo marco regulatorio de las empresas
de esta industria, el cual permita
contar con un servicio efectivo y responsable, el titular de la AMBA coincidió que es necesario que a nivel federal se
revise la Ley que regula la operación de “compañías” del ramo que aparecen y
desaparecen dejando en el olvido a los clientes que confiaron sus automotores.
Dicha renovación regulatoria anunciada por el Comisionado de Nacional
de Seguridad, Renato Sales Heredia, se planteará en la próxima sesión del
Consejo Nacional de Seguridad Pública a celebrarse en las próximas semanas.
“Hace 16 años cuando se constituyó la
AMBA, pedíamos a la autoridad un Reglamento y Ley acordes a las necesidades de
nuestro gremio. Dentro de la Ley General de la Seguridad Privada, lo que pide
la AMBA es que en la reglamentación tenga apartados por tipo de servicio que se
prestan, pues no podemos meter en la misma a todos los prestadores de protección
corporativa; luego la Ley General debe considerar algunas cosas particulares
para los servicios ofrecidos. Con esto buscamos que se vigile bien sin entrar
en sobrerregulación y sobre costos de operación” afirmó el directivo Mizrahi
Haiat.
Para la industria del blindaje automotor
es inminente una nueva Ley General para una sana, eficiente y justa
competencia. En los últimos años, el sector de la seguridad privada se ha visto
obstaculizado por múltiple tributación, tramitología y proliferación de empresas
irregulares. Según estimaciones de la AMBA, existen más de 50 compañías
blindadoras, de las cuales entre 15 y 20 son irregulares.
Ernesto Mizrahi aseveró que según datos
de la Dirección General de Seguridad Privada (DGSP) de la CNS, muchas empresas
aquí registradas gozan del permiso federal para ofrecer incluso blindaje
automotriz. Por ello recomendó que los usuarios deben verificar si la empresa
con la que contratan efectivamente posee el permiso vigente y además, tenga
categoría como fabricante y comercializador de carros blindados.
Aparecen también blindadores “patito”
que por supuesto no siguen lineamientos de leyes como la de anti lavado de
dinero, de recaudación hacendaria, de reportes a la DGSP o de padrón de los
automotores reforzados que deban darse de alta ante el REPUVE.
“La AMBA en sintonía con las
organizaciones que integramos ASUME (Asociaciones de Seguridad Unidas por un
México Estable), considera que las
nuevas leyes de seguridad beneficiarán a empresas privadas, puesto que esta
industria será bien normada y reforzada
para desaparecer a compañías patito a través de una iniciativa de ley
presentada recientemente, pues en territorio nacional existen, alrededor de
cinco mil empresas registradas ante las autoridades federales, pero solo mil
200 cuentan con el registro federal, según datos de la Dirección General
de Seguridad Privada, de la CNS”, comentó el directivo.
Mizrahi Haiat recordó
que dicha iniciativa fue anunciada por el titular de la Dirección General de Seguridad Privada, Juan Antonio Arámbula Martínez, y es para que se
homologue, se reconozca, que promueva el desarrollo y que sea eficaz en la
sanción hacia aquellas empresas que simulan la actividad de la seguridad
privada o que la realizan de manera ilegítima, pervertida o como fachada para
otras actividades. Con este funcionario la AMBA mantiene estrecha colaboración
y comunicación para todo lo que se relaciona con blindaje automotriz.
El titular de la AMBA,
organismo que agrupa a las ocho principales blindadoras del país y ostentan el
65% del mercado nacional, dijo que la seguridad privada se está uniendo y
consensa respecto a las necesidades que enfrenta, la principal de ellas es la
regulación de servicios y el establecimiento de reglas claras para la operación,
debido a
la alta proliferación de empresas que carecen de los permisos necesarios,
calidad, seriedad y garantías, lo cual
“canibaliza” precios y la sana competencia, además de que representan una seria
amenaza para la integridad de sus clientes.
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