La Jornada.- Rosa Pérez Pérez deberá ser reinstalada como
presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, Chiapas, luego de que el
Tribunal Electoral revocó el decreto mediante el cual el Congreso del estado ordenó su destitución.
La Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó también al
gobernador, Manuel Velasco, generar las condiciones de seguridad para
que pueda ejercer este cargo con tranquilidad. Ello implica una orden de
alejamiento del alcalde sustituto, Miguel Santis Álvarez, y de sus simpatizantes.
Aunque los seis magistrados de la Sala Superior
hicieron suyo el proyecto de Constancio Carrasco, dedicaron hora y media
a exponer sus puntos de vista a diferencia de un asunto del que no
hablaron pero sí exculparon al presidente Enrique Peña Nieto, de haber
excedido los topes de gastos de campaña cuando era candidato.
En la sesión que se realiza esta tarde, el magistrado
Manuel González Oropeza consideró que la destitución de Pérez Pérez fue
ilegal, porque “se ejerció una violencia política que incluso amenazaba
con peligro de muerte de la manera más brutal, en donde tuvo que
escapar para evitar que fuera quemada viva en estos arrebatos”.
Argumentó que el gobernador deberá de hacer respetar
su sentencia ante la posibilidad de que los mismos actores violentos
actúen de nuevo. “No es asunto de policía ni de fuerza, es un asunto de
derecho”.
Pérez Pérez pidió licencia indefinida a su cargo
después de que el presidente de la mesa directiva del Congreso local,
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, y el diputado del Partido Verde, Carlos
Penagos, fueron secuestrados por pobladores de Chenalhó el 25 de mayo
para forzar su licencia.
El magistrado Pedro Esteban Penagos insistió que la
renuncia es ilegal, porque el síndico del ayuntamiento presionó a la
presidenta municipal para que se separara del cargo bajo el argumento de
que una mujer no debía gobernar un municipio, de acuerdo con los usos y
costumbres de ese municipio.
La magistrada María del Carmen Alanís advirtió que se
generará un nuevo precedente en cuanto a la violencia a las mujeres
indígenas y también envía los siguientes mensaje: “La violencia política
contra las mujeres es inaceptable” y “por el hecho de ser mujer no se
está impedida para ejercer un cargo público”.
Ordenaron además la traducción de la sentencia en
tzotzil para que sea conocido por las comunidades indígenas de ese
municipio chiapaneco.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario