Por Ángeles Mariscal.
Etnias tsotsiles, choles y tseltales conforman el Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio. En 15 días se reunieron con 20 mil indígenas para "unirnos en una sola voz". |
En Chiapas casi el 20 por ciento del territorio está
concesionado a la industria minera; hay más de 30 autorizaciones
gubernamentales para utilizar el afluente de los ríos en la instalación
de mini-hidroeléctricas, cinco proyectos para construir represas y una
licitación abierta para extraer hidrocarburos de 12 pozos; también está
en puerta el proyecto para construir un gasoducto, y a través del
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales, fueron otorgadas
facilidades arancelarias para que empresas asienten sus negocios
vinculados a la industria extractiva.
Este es el escenario al que se enfrentan miles de indígenas de
Chiapas; y es por ello que este noviembre, habitantes de los municipios
de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano,
Oxchuc, San Juan Cancúc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de las Casas,
salieron de sus comunidades para recorrer la región y manifestar su
rechazo a estos proyectos que amenazan la estabilidad en su territorio.
Son indígenas de las etnias tsotsiles, choles y tseltales, quienes
forman parte de los feligreses de la Diócesis de San Cristóbal de las
Casas, agrupados en el Pueblo Creyente y desde hace cuatro
años conformaron el Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio
(Modevite).
En su recorrido que duró 15 días, los integrantes del Movedite se
reunieron con más de 20 mil indígenas de diferentes pueblos, con quienes
dialogaron sobre las problemáticas comunes que atraviesan sus
territorios.
“Hemos andado para escuchar los problemas de nuestras comunidades y
los riesgos que amenazan a nuestra cultura y a nuestra Madre Tierra con
megaproyectos y supercarreteras. Caminamos para unirnos en una sola voz.
Hemos podido conversar, reflexionar y soñar como un solo pueblo”,
explicaron en un pronunciamiento conjunto.
Minas, hidroeléctricas y pozos en tierras indígenas
“Estamos en un lugar estratégico para los megaproyectos. Este
territorio es uno de los objetivos del extractivismo”, señalaron al
llegar a San Cristóbal de las Casas, en una plaza llena de indígenas y
mestizos.
Ahí, dieron cuenta de que de acuerdo a la Secretaría de Economía, en los últimos tres sexenios se han entregado a empresarios 99 concesiones para explotar minerales
que se encuentran en 1.5 millones de hectáreas –casi el 20 por ciento
del territorio chiapaneco-, la mayoría tierras propiedad de grupos
indígenas que tendrían que ser desplazados para dar paso a la industria
minera.
También dieron cuenta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
tiene identificada a Chiapas como una entidad con gran potencial
hidrológico, y mantiene vigentes 90 proyectos para la construcción de hidroeléctricas
de diferentes capacidades. Entre ellos resaltan 4 que afectarían
directamente territorio indígena: la Presa Altamirano sobre el río
Tzaconejá; la Presa Livingstone sobre el río Tzaconejá; la Presa Rápidas
de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) sobre el río Santo Domingo; y
la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) sobre el río Santo
Domingo, entre otras.
Subrayaron que que empresarios han solicitado a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la instalación de al
menos 32 “minihidroeléctricas”, las que podrían construirse con solo
conseguir el consentimiento de las comunidades propietarias de los
afluentes, según las reformas a la Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.
Indígenas integrantes del Modevite hicieron referencia a que el gobierno federal proyecta la construcción del gasoducto México-Centroamérica,
que recorrerá 630 kilómetros desde Salina Cruz, Oaxaca, pasando por
Chiapas hasta llegara al departamento de Escuintla, en Guatemala. Para
su construcción se afectarán tierras de zonas rurales. El gobierno aún
no ha dado a conocer el trazo de esta obra, sin embargo autoridades han
señalado que la licitación se abrirá en 2017, a las empresas que deseen
invertir.
Hicieron referencia que para 2017, se tienen proyectada la perforación de 12 pozos para extraer gas y aceite
en la zona indígena zoque. Esta obra afectará 845 kilómetros cuadrados
ubicados en dos áreas de los municipios Tecpatán, Francisco León,
Ixtacomitán y Pichicalco.
Otro riesgo a para los territorios indígenas, -recordaron- es la
siembra de transgénicos. De 2010 hasta mediados de 2016 la empresa
Monsanto sembró soya transgénica en 13 municipios de Chiapas: Acacoyagua
, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla , Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico,
Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comatitlán y Villaflores.
Llaman a fortalecer gobiernos comunitarios
Los habitantes de las zonas donde se ubican estos proyectos
extractivos, señalaron que aceptarlos signifircaría ser desplazados de
su territorio, y con ello perder también sus raices.
Recordaron que ante este escenario, desde hace cuatro años empesaron a
organizarse, y desde entonces han logrado suspender la construcción de
la autopista San Cristóbal-Palenque.
“Hoy vemos que nuestra lucha es más grande, tenemos la tarea de
defender la vida, nuestra cultura y los bienes comunes que hay en
nuestro territorio”, subrayaron.
Plantearon que a lo largo del recorrido por el territorio indígena,
hubo coincidencia en que no sólo deben denunciar la afectacion a su
territorio a causa de los proyectos extractivistas, “sino debemos cuidar
la tierra”.
Señalaron que si los gobiernos federal, estatal y municipal apoyan y
promueven la industria extractiva, su opción es crear gobiernos
comunitarios que respondan a los intereses de los pueblos indígenas que
están siendo afectados.
Por ello, las y los indígenas acordaron sumarse a la propuesta del
Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), para consultar a sus comunidades sobre la decisión de
participar en las próximas elecciones nacionales con una candidata
indígena independiente.
“Compartimos el mismo objetivo (que el CNI y EZLN), creemos que es
necesario fortalecer la voz de nuestros pueblos indígenas en la agenda
política, y por eso esta iniciativa la queremos llevar a nuestras
comunidades y municipios. Ya no podemos trabajar divididos sino que es
necesario unirnos por nuestros pueblos, por nuestro territorio”,
señalaron.
Los integrantes de Modevite anunciaron que fortalecerán la iniciativa
para construir gobiernos autónomos, como medida para conservar sus
territorios y su cultura. “Es nuestro derecho decidir el uso y destino
de nuestro territorio”, subrayaron. Vía Aristegui Noticias
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