Al
refrendar el compromiso en materia de protección de los derechos
humanos de la población migrante que impulsa
el gobernador Manuel Velasco Coello, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer que durante este 2016 se logró
la desarticulación de 11 bandas delictivas dedicadas al asalto,
extorsión, violación, trata de personas y secuestro exprés
en agravio de este sector de la población.
La
Procuraduría de Chiapas que encabeza Raciel López Salazar informó que
durante este periodo se cumplimentaron 48 órdenes de aprehensión y se
obtuvieron 51 sentencias condenatorias por diversos delitos.
El
pasado mes de noviembre se dictó la primera sentencia condenatoria por
el delito de Violación equiparada, en el marco del nuevo Sistema de
Justicia Adversarial, siendo condenado el imputado a ocho años
de prisión.
En
materia de prevención, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos
en Contra de Inmigrantes encabezó 648 recorridos de inspección y
vigilancia en las principales zonas de afluencia de migrantes, lo que
permitió el rescate de 174 personas que eran trasladadas en condiciones
de hacinamiento, lo que ponía en peligro su vida.
Asimismo, se logró la detención de 14 presuntos traficantes de personas.
Derivado de las
acciones operativas, este año se redujo en un 95 por ciento la
incidencia delictiva en la zona conocida como “La Arrocera”, en el
municipio de Huixtla.
Por
otra parte, la Fiscalía de Migrantes realizó 54 pláticas y cursos de
capacitación acerca de los derechos de los migrantes, en los que
participaron elementos de las corporaciones policiacas del estado y
de la zona fronteriza.
Con
la finalidad de fortalecer la coordinación interinstitucional que la
Procuraduría mantiene con instancias diplomáticas e internacionales,
durante el 2016 se recibieron las visitas de los embajadores de
Canadá, Pierce Alarie, y de Ecuador, Leonardo Arizaga Shemegel.
Asimismo,
se realizó una visita de trabajo con los funcionarios de la Fiscalía
General de la Nación de Guatemala y Fiscales Especializados y de
Distrito de Chiapas para coordinar acciones de colaboración en
la prevención y combate a los delitos en los municipios fronterizos.
De
esta forma, en Chiapas el acceso a la Procuración de Justicia de la
población migrante es una realidad, al encontrarse reconocido como un
derecho fundamental en la Constitución Política local.
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