México acaba de tener una semana infernal.
Violentas
protestas sacudieron al país con manifestantes bloqueando vías y los
accesos a las grandes ciudades. Las turbas saquearon centenares de
tiendas y docenas de edificios públicos. Tres personas murieron en el caos, incluyendo a un oficial de policía.
¿Contra qué protestan los mexicanos?
En
principio contra el precio de la gasolina y el diésel que aumentó un 20
por ciento el primero de enero. Fue un golpe bajo para muchas familias
de clase media luego de un año difícil para la economía mexicana. Para
el sector del transporte, la noticia fue tan desagradable como el sonido
del taladro de un dentista.
Pero
los mexicanos también estaban protestando contra la insensibilidad de
la élite política y burocrática. En las semanas finales de 2016, la
cámara de diputados le asignó a cada uno de sus 500 miembros no uno,
sino dos bonos adicionales a su salario. Algunos lo rechazaron pero la
mayoría se los embolsilló. Del mismo modo, cada miembro del consejo
general del Instituto Nacional Electoral, ente que organiza las
elecciones, recibió —cortesía de los contribuyentes— un iPhone 7. Los magistrados y jueces federales recibieron un bono de gasolina por 250 dólares al mes. Es difícil acatar un llamado nacional al sacrificio cuando los altos funcionarios del país actúan según sus propios intereses.
Esos
privilegios reflejan una cultura de corrupción, impunidad y abuso en la
vida pública. El año pasado estuvo dominado por historias de robo de
dineros públicos por parte de gobernadores de estado. En Veracruz, en la
costa del golfo, el gobernador Javier Duarte creó docenas de compañías falsas
para llenar de dinero a sus amigos y familiares. Al final de sus seis
años de gobierno Veracruz estaba quebrado y él, a pesar de haber sido
indiciado en una corte federal, había desaparecido huyendo probablemente
a Centroamérica. Mientras tanto en Quintana Roo, el estado de la
Riviera Maya, el gobernador Roberto Borge instigó, si es que no
participó directamente en, un fraude inmobiliario que abarca algunas de las propiedades mejor valoradas del país. Como en el caso de Duarte, se desconoce su paradero.
Y
la descomposición llega hasta lo más alto. Como es sabido, la mansión
de Angélica Rivera, la primera dama mexicana, recibió financiamiento de
uno de los grandes contratistas del gobierno. Vendió la casa a pérdida
después de conocerse la noticia, pero ni ella ni el presidente Peña
Nieto tuvieron que encarar consecuencias legales por el evidente
conflicto de interés. Peña Nieto ofreció una disculpa, pero no por lo que él y su esposa habían hecho, sino por cómo lo había percibido la población.
Olvidemos
la corrupción por un momento. En la era de Peña Nieto ni siquiera la
más flagrante incompetencia es castigada si perteneces al entorno de
poder. Hace cuatro meses el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tuvo
la estúpida idea de invitar a Donald Trump a México. La visita generó
una violenta reacción
pública, logró poco o nada y terminó en una humillación nacional.
¿Cambió Trump su posición sobre México? Pregúntenle a empresas como
Carrier o Ford. Videgaray fue removido de la cartera de Hacienda, pero
ahora está al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que
implica que es el encargado de lidiar con Trump.
En
este contexto, la población no estaba preparada para escuchar un
argumento a favor del alza al combustible. Aunque quizá ese argumento
tenga sentido: la mitad de la gasolina que se consume en México es
importada, los precios internacionales del petróleo están subiendo, el
peso mexicano se ha devaluado y los subsidios al combustible quizá no
sean la mejor forma de invertir los escasos recursos fiscales.
Pero
no se trata de un problema del mensaje, sino del mensajero. Cualquier
cosa que salga de la boca de Peña Nieto sonará falsa e ilegítima. Su
impopularidad se atraviesa en el camino de las políticas públicas y
podría incluso convertirse en una amenaza a la estabilidad política en
el futuro cercano.
Dado
que no hay una fórmula mágica para resolver este problema antes del
término de su mandato en diciembre de 2018, el presidente, en beneficio
del país, debería mantenerse al margen y dejar a algunos de sus
ministros tomar el liderazgo de los temas difíciles. Peña Nieto podría
tratar de renovar el gabinete con gente fuera de su entorno para
inyectarle oxígeno al gobierno.
La
incorporación de Videgaray equivale a lo contrario: una bombona de
monóxido de carbono. También debería tratar de llevar ante la justicia a
algunos miembros del club de gobernadores ladrones (¿Duarte, quizá?) y,
por último, debería tratar de demostrar carácter frente a Donald Trump.
O dejar que otros lo hagan.
O
tal vez podría no hacer nada, solo pretender que es un presidente
dinámico y popular y lidiar con muchas más semanas como esta.
Alejandro Hope es analista de seguridad y columnista del diario mexicano El Universal.
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