Juan Sabines se mantendrá en la impunidad, debido a que el Congreso
es el único facultado para impugnar la cuenta pública, es decir, para
avalar o no los resultados del uso y destino de los recursos del erario
que administró el exmandatario y que dejaron a Chiapas con una deuda de
más de 40 mil millones de pesos.
En una reforma constitucional del Sabinato se excluye tácitamente que
el gobernador sea investigado, y serán solamente sus funcionarios
estatales quienes tendrán que dar cuentas claras cuando la ley así lo
requiera.
Juan Sabines, hizo reformas a la Constitución de Chiapas avalado por
Noé Castañón su Secretario general de Gobierno y asesor jurídico
principal en todo el sexenio, e impulsadas dentro del Congreso
chiapaneco por Zoé Robledo, quien se encargó de operar las
modificaciones de Constitución de Chiapas.
En este contexto, las minutas firmadas en las sesiones de la Cámara
podrían deslindar responsabilidades directas, obligar a quienes firmaron
e impulsaron dichos actos, que hoy tienen sumido a Chiapas en la
pobreza, a que aclaren cómo y dónde quedó el dinero, si las obras
construidas en la administración de Juan Sabines terminaron
correctamente o están en el abandono, como hemos documentado
anteriormente. Pero en nuestra investigación nos encontramos que dichos
documentos están desaparecidos. No hay un responsable que pueda ser
imputado por el megadesfalco en Chiapas y hoy, personas como Zoé
Robledo, que tiene toda la responsabilidad en el caso, busca, a través
de Morena, ser candidato a la Gubernatura de Chiapas.
ZOÉ ROBLEDO DESAPARECE PRUEBAS
Los retos sociales que enfrenta Chiapas para en esta
administración son varios. Sin embargo, los principales de ellos
provienen de la megadeuda que el estado adquirió tras el paso de Juan José Sabines, quien, durante el periodo de 2006 a 2012, dejó a Chiapas como uno de los 5 estados más endeudados del país. La exorbitante cifra asciende a más de 40 mil millones de pesos, misma que el exgobernador había minimizado a no más de 5 mil millones. Ya antes de asumir su cargo, como alcalde en Tuxtla Gutiérrez endeudó al municipio con más de 800 millones de pesos. El inicio de su mandato al frente del estado no sería mejor.
Juan Sabines metió mano en las finanzas públicas de
los 122 ayuntamientos chiapanecos, cuyos alcaldes se encuentran prófugos
o presos. También incurrió en irregularidades en el gasto de fondos
federales por más de mil millones de pesos durante varios ejercicios
fiscales, entre otras irregularidades financieras. A lo largo de su
gobierno se crearon alrededor de 20 fideicomisos sin que se conozca
todavía en qué fueron gastados los recursos destinados. Con la finalidad
de protegerse, en mayo de 2011 propuso una reforma al artículo 26 del
capítulo II de la Constitución, diciendo que “la aprobación, en lo
general, de la cuenta pública exime al Ejecutivo de cualquier
responsabilidad”. La iniciativa fue aprobada por unanimidad.
En una investigación realizada por NO TE OLVIDES nos
dimos a la tarea de investigar quienes eran los responsables de aprobar
las modificaciones a la constitución, por lo que acudimos al órgano de
transparencia del Congreso en el Estado de Chiapas y al tratar de
solicitar dicho documento nos indicaron que el documento no existe o no
se encuentra en el archivo. Es decir, dicha minuta se encuentra desaparecida.
La sospecha y desconfianza en el quehacer político actual de Sabines
tiene fundamentos, todos citados atrás. Debe existir consternación
cuando sigue manejando los hilos de la política, ahora con su candidato Zoé Robledo
cuya carrera fue impulsada tras este marco de impunidad. No puede
dejarse atrás los cuestionamientos hechos. Que endeudó a Tuxtla
Gutiérrez. Que la deuda del municipio pasó al estado, volviéndola megadeuda. Que si tiene intereses en meterse dentro de las siguientes elecciones, el resultado no será distinto.
Vía No te Olvides
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