La licitación de 84 mil 500 hectáreas en el norte y centro de Chiapas ha provocado un nuevo movimiento de resistencia indígena en la entidad.
A más de 20 años del levantamiento zapatista, es ahora la etnia zoque la que se opone al otorgamiento de contratos a empresas extranjeras por parte de la Secretaría de Energía (Sener) para la exploración y extracción de hidrocarburos en su territorio.
Se trata de los bloques 10 y 11 de la llamada Ronda 2.2, que incluirían a municipios como Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango y Tecpatán, en donde comunidades zoques organizan protestas en las calles y recolectan firmas en oposición a la entrada de los proyectos.
De
acuerdo con la CNH, la inversión estimada por cada una de estas áreas
contractuales será de 330 millones de dólares aproximados por ambos
bloques.
Se calcula que se podrían extraer hasta 437.8 millones
de barriles de petróleo crudo equivalente de estos bloques. Equivalentes
a 218 días del total de producción nacional actual, de confirmarse con
más perforación, estima la CNH.
CONSULTA OBLIGATORIA
De
las 12 áreas contractuales incluidas en la Ronda 2.2, sólo la 10 y 11
corresponden a territorios en comunidades indígenas, por lo que la Sener
está obligada a realizar una consulta previa, libre e informada como parte de la la Reforma Energética.
El proceso ya comenzó, pero en distintos ejidos y comunidades, se le negó la entrada al personal de la Sener.
Es el caso del ejido “Viejo Lindavista”, en Ixtacomitán, donde a mediados de abril expulsaron a los funcionarios por miedo a que la información causara división, tal como ocurre en el ejido aledaño.
Así,
“La Candelaria” es la única comunidad donde la población ha decidido
formalmente participar en el proceso de consulta, por lo que
funcionarios de Sener han convocado al menos tres reuniones.
Sin embargo, de aproximadamente 260 habitantes, sólo han atendido en promedio 15 personas a sus convocatorias.
“La preocupación es que quizás vayan a firmar y al final de cuenta (que) la mayoría no esté de acuerdo, porque en la reunión se ve claramente que no están llegando”, explicó Isaías González, habitante de “La Candelaria”.
La posibilidad de obtener nuevos centros de salud y
mejores carreteras con la entrada de los proyectos, como anuncian
autoridades, es lo que ha provocado discordia entre los habitantes.
En
Chapultenango, los pobladores aseguran que no se han acercado a
brindarles información respecto a los proyectos, por lo que han optado
por hacer su propia autoconsulta para manifestar su rechazo.
“Van a venir con sus mentiras. Nosotros ya preparamos a la gente (…) Si ellos quisieran venir, nos vamos a levantar todos porque ya estamos de acuerdo de que no lo vamos a aceptar”, afirmó Odilio Martínez, uno de los agentes municipales.
Sin embargo, en Tecpatán, el tema ha
causado mayores estragos, pues ha abonado al conflicto que la comunidad
ya tenía con autoridades municipales. El 13 de febrero pasado, en una
protesta contra el alcalde, la Presidencia Municipal fue tomada y
quemada.
SENER PROMETE RESPETO
Consultada al respecto, la Secretaría de Energía (Sener) se negó a dar detalles sobre el proceso de consulta en Chiapas, pues siguen presentando información sobre los alcances de los proyectos a las comunidades.
Rodolfo Salazar, director de Evaluación de
Impacto Social de Sener, se limitó a explicar que en las bases de la
licitación se prevé que la decisión que tomen las comunidades zoques
mediante el proceso de consulta determinará si estas dos áreas son
incluidas en la Ronda 2.2.
“Las bases de licitación prevén que las comunidades asuman una posición y el Estado será respetuoso de esta”, dijo el funcionario Federal.
Por su parte, Juan Carlos Zepeda, presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
señaló que la Sener tiene hasta el 14 de junio para presentar los
resultados de la consulta y que las comunidades tienen la certeza legal
de que no se contemplarán estas áreas sin ello.
“Tienen la
tranquilidad de la ley que la CNH no va a emitir bases finales de esas
dos áreas contractuales ni contrato final, y mucho menos llevar a cabo
el concurso de esos contratos, sin que la consulta indígena esté
terminada”, explicó en entrevista con El Financiero.
Cabe recordar que la Reforma Energética
contempló las figuras de Evaluación de Impacto Social y Consultas
indígenas con la finalidad de garantizar que los proyectos contaran con
el aval de las comunidades antes de que recibieran el permiso de
operación.
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