De más de 10 mil averiguaciones abiertas por la CNDH entre 2012 y 2016,
solo 22 casos fueron consignados ante un juez, sin que todos tuvieran
condena.
Las quejas por tortura en México ante la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado por cinco en el último año.
En tanto, la Procuraduría General de la República resuelve menos del uno
por ciento de los casos, y la nueva ley aprobada para combatir este delito no ha entrado en vigor.
Esa es la realidad que arrojan los datos oficiales revelados por la CNDH y autoridades a través de solicitudes de transparencia.
En
cuanto a las quejas interpuestas ante la CNDH, por presuntos actos de
tortura cometidos por autoridades, prácticamente se quintuplicaron en el
último año, según los datos del organismo. De 43 quejas registradas en
2015 pasaron a 209 quejas en 2016: un crecimiento de 386 por ciento.
En
2013 y 2014 las quejas habían descendido a cinco y siete casos
respectivamente, mientras que en años anteriores estuvieron entre los 10
y 20 casos.
Animal
Político buscó a la CNDH para saber si este aumento en las quejas pudo
ser ocasionado por un cambio en el sistema de registro, pero la
respuesta es que solo se han fortalecido las campañas de denuncia. Lo
que significaría que antes había un subregistro de casos.
Por cada una de las 311 quejas por presunta tortura presentadas entre
el 2010 y el 2016, la CNDH ha abierto expedientes de investigación. Se
han emitido 68 recomendaciones por tratos crueles y tortura a distintas
autoridades federales y estatales. En cinco de ellos, la indagatoria fue
cerrada “por falta de interés de la persona que la promovió o por no
haber evidencia suficiente”, mientras que el resto de las quejas siguen
abiertas y algunas se han acumulado por tratarse de un mismo caso con
varias víctimas.
De las 68 recomendaciones emitidas solamente hay
dos en donde una de las autoridades señaladas no aceptó ni admitió que
los hechos hayan ocurrido.
El resto de las recomendaciones si
fueron aceptadas, aunque la CNDH reporta que en 21 casos (casi la
tercera parte), no se han cumplido todos los puntos recomendatorios.
Policía Federal, líder en tortura
Los
datos de la CNDH señalan que 108 autoridades han recibido
recomendaciones por casos de tortura, y que hay más de 150 que están
involucradas en expedientes de queja aún no resueltos.
Una
revisión a los registros hecha por este medio arroja que la Policía
Federal (dependiente antes de la Secretaría de Seguridad Pública y hoy
de la Secretaría de Gobernación) es la autoridad más denunciada por
posibles casos de tortura, ante la Comisión. Está presente en el 46 por
ciento de las quejas, o sea en casi la mitad.
Animal Político
buscó a la Policía Federal a través de la Comisión Nacional de Seguridad
para conocer si sus elementos tienen alguna capacitación, para la
erradicación de la tortura, así como un diagnóstico de esta
problemática, pero hasta la publicación de este artículo no hubo
respuesta.
Luego de la Policía Federal está la Procuraduría General de la
República con un 24.39 por ciento de las quejas. Esto significa que en
promedio, 1 de cada 4 casos de tortura reportados ante la CNDH involucra
a la PGR.
Los casos en donde se señala a alguna autoridad estatal
o municipal como responsable de la tortura suman el 10 por ciento de
los reportes.
Apenas ayer la CNDH emitió un comunicado
en el que informa que, por ejemplo, en el caso de Guerrero existen
centros de detención en donde se identificaron casi 190 distintas
deficiencias y riesgos que favorecen la comisión de actos de tortura.
Después
le siguen las fuerzas armadas. Elementos de la Secretaría de Marina
están involucrados en el ocho por ciento de los casos de tortura, y los
de la Secretaría de la Defensa Nacional en el siete por ciento.
El
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social, que es la autoridad que administra y opera los penales
federales, acumula el 3.25 por ciento de las quejas por la comisión de
tortura y tratos crueles.
Otras autoridades federales como el
Instituto Nacional de Migración y hasta Petróleos Mexicanos, también
figuran con algunas quejas por tortura.
Tortura impune, aunque se denuncie.
Que
se castigue a los responsables de hechos de tortura en México es
prácticamente imposible. Según datos oficiales de la PGR, entre 2012 y
2016 se registraron más de diez mil averiguaciones previas y carpetas de
investigación por tortura, pero solo 22 casos, es decir un .21 por
ciento, fueron resueltos y consignados ante un juez. Esto sin que
necesariamente alguno de esos casos terminara en una sentencia
condenatoria.
Además, poco más de la mitad de las averiguaciones,
casi el 53 por ciento, siguen abiertas sin que exista alguna
determinación o resolución.
La PGR reporta que en cuatro mil 435 averiguaciones decidió no
continuar con la indagatoria al declararse incompetente, con el
argumento de que las autoridades responsables eran de índole estatal, no
federal. Hubo 180 casos que fueron enviados al archivo sin resolver, al
considerar que no hay más pruebas disponibles, y en otros 124 se
determinó que no se había cometido ningún delito.
Estos datos son más significativos si se toma en cuenta que en octubre de 2015, la PGR creó la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura
que, en teoría, iba a concentrar todos los casos para darles mejor
atención, calidad y velocidad, con personal capacitado específicamente
en este delito.
Pero en 2016, ya con la nueva Unidad, la realidad
siguió siendo la misma. De enero a octubre de ese año se iniciaron dos
mil 568 averiguaciones y apenas cuatro fueron consignadas.
Nueva ley, en el papel.
Luego de años de propuestas y discusiones, el pasado 26 de abril fue finalmente aprobada por unanimidad en el senado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Con
esta nueva ley quedan definitivamente anuladas cualquier tipo de
pruebas que las autoridades obtengan de los detenidos mediante
mecanismos de tortura. Además, entre otras cosas, contempla que se cree
un “Registro Nacional de Víctimas” de este delito y que haya mecanismos
reales de reparación del daño.
Especialistas han advertido
además que la ley beneficiará de forma retroactiva a personas que ya
estén presas y hayan sido víctimas de tortura, pues podrán solicitar la
anulación de las confesiones y otras pruebas que proporcionaron bajo
esta condición.
La ley sigue sin aplicarse. El pasado viernes se
cumplieron los 30 días naturales que contempla el artículo 72 de la
Constitución para que el gobierno federal hiciera observaciones a la ley
aprobada.
En caso de que no haya observaciones correrán otros diez días
para que la ley sea publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Solo a partir de ese momento arrancará un siguiente plazo de 180 días
para que los estados adecuen sus leyes locales.
La nueva ley contra la tortura podría comenzar a aplicarse, por lo menos, hasta finales del presente año. Vía Animal Político
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