Los números
son oficiales: 32 mil 146 detenidos, 613 bandas criminales desmanteladas; 200
pandillas centroamericanas desarticuladas, más de 2 mil vehículos recuperados y
707 armas de fuego incautadas. Son cifras de la secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana —a cargo de Jorge Luis Llaven Abarca—, relacionadas con el tema
específico de seguridad pública y combate a la criminalidad.
A simple
vista, son números que impresionan (o que quizá, no interesen) y que, desde la
perspectiva oficial, resaltan el resultado de una política que ha sido
eficiente y que, si vamos al terreno de las comparaciones, estamos muy lejos de
otros estados donde la violencia se ha disparado en gran magnitud.
En
Tamaulipas, desde el 2016, la tasa de homicidios, mantiene un promedio de entre
80 y 90 por mes; en Veracruz, el promedio ha llegado a rebasar los 132
asesinatos en ese mismo lapso. Guerrero y el Estado de México, están entre los
165 y 170 homicidios. Hay que destacar que en esos como en otros estados como
Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Tabasco y Michoacán, el 88 por
ciento de las muertes violentas, están vinculadas con el crimen organizado y el
narcotráfico.
Aunque ni la
Fiscalía ni la SSPC, ni ninguna otra institución han revelado el dato, estudios
sobre el fenómeno de violencia en el país, ubican a Chiapas con un promedio de
entre 35 y 40 homicidios dolosos mensuales, estando solo el 19 por ciento,
ligados al crimen organizado, principalmente en el norte de la entidad, cuyos
municipios colindan con Tabasco, estado en el que la violencia se ha
recrudecido en los últimos meses.
Un dato
revelador proporcionado por una fuente no autorizada para hablar y dependiente
de la Fiscalía General, indica que la mayoría de detenidos en diversos ilícitos
(incluyendo robo con violencia, lesiones, asaltos y violaciones) son personas
provenientes de otros estados de la república y países centroamericanos.
¿Es efectiva
la política de seguridad implementada en Chiapas? Sí y no. Sí, porque si lo
vemos frente a lo que ocurre en otras entidades de la Federación, la violencia
es mínima; no comparada con Yucatán y Tlaxcala, que reportan solo entre dos y siete
homicidios por mes, pero que se ajusta a las condiciones que surgen de la
emigración y asentamiento de ciudadanos de otras partes del país y del
continente.
No, porque
si bien la SSPC y la Fiscalía hacen su trabajo, en el sistema de impartición de
justicia, se pierde el hilo de la justicia; por paradójico que parezca, es así,
por desgracia.
El nuevo
sistema judicial (juicios orales y toda esa cosa) echan por tierra el trabajo
policial. Un comandante de la secretaría de Seguridad Pública me confió que en
un mes, detuvieron casi 15 veces a un mismo sujeto, involucrado en robo a casas
habitación, asaltos callejeros, robos a comercios, amenazas, portación de arma.
Ahí debe
haber una revisión a fondo del sistema. Porque el delincuente, es liberado de
inmediato y sale a hacer lo que sabe hacer bien: delinquir. Ya sea porque el
juez se corrompe o se pone de acuerdo con el Ministerio Público o porque éste
último, no integra debidamente el expediente.
Sirve de
poco que la policía de Seguridad Pública se esfuerce por detener a los
delincuentes, si en el juzgado o ante el MP, el criminal sale por la puerta
grande. De hecho, hay a nivel nacional, una discusión respecto a ese sistema de
justicia. Resulta insuficiente, inadecuado y riesgoso para la seguridad
ciudadana, puesto que otorga demasiadas libertades a los delincuentes.
Hay que
rescatar un hecho que casi no se toca en materia de seguridad: en Chiapas, el
50 por ciento de los policías, han estudiado la preparatoria como parte de sus obligaciones
dentro de la institución. El 20 por ciento, ya ha obtenido una licenciatura y
el 5 por ciento, tiene un postgrado.
Probablemente
parezca un dato insulso. Pero habla del mejoramiento policial; hay que decirlo:
sigue habiendo malos elementos. Policías corruptos que quién sabe por qué razón,
siguen en la institución. Y quizá hasta sean más que los buenos, pero el
avance, es notorio.
La
insistencia es, entonces, en que todas las instituciones jalen parejo. Si en la
SSPC se hace lo posible para superar viejos esquemas y mañas, el sistema
judicial, debe hacer lo propio. El Ministerio Público y la Fiscalía General,
deben abandonar las inercias, la corrupción y la ineficiencia, para garantizar
la seguridad de los chiapanecos.
Mientras una
sola dependencia se estanque en el pasado, el trabajo del resto, no se verá; no
caminará y eso, nos parece una irresponsabilidad de quienes tienen la
obligación de mantener las garantías ciudadanas. ¿O me equivoco?
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