El pasado 10 de enero, el portal de noticias, Animal
Político dio a conocer un presunto desvío de casi 540 millones de pesos que la
Secretaría de Desarrollo Social habría realizado mediante convenios con tres
universidades del país, entre ellas la Universidad Politécnica de Chiapas a
cargo de Navor Francisco Ballinas Morales.
El mal manejo de los casi 540 millones de pesos se habría
dado a conocer luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó
ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) tres nuevas denuncias
penales.
Los convenios se habrían realizado en el 2015, fecha en la
que dependencia era encabezada por Rosario Robles y José Antonio Meade, actual
precandidato del PRI a la presidencia de la república.
Según Animal Político los presuntos desvíos habrían sido
bajo el mismo esquema de la investigación periodística del mismo portal “La
Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que diversas dependencias de
gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas
terminaban subcontratando con otras empresas para eludir las licitaciones y
transparencia.
Dichos bienes y servicios que se contrataron acaban siendo
de dudosa o inexistente calidad. En lo que refiere al desfalco de la
Universidad Politécnica de Chiapa, la Secretaría de Desarrollo Social le habría
entregado 400 millones de pesos para realizar la supervisión, control, mejora y
monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.
La dependencia federal y la Universidad Politécnica de
Chiapas firmaron dos convenios, cada uno por 200 millones de pesos. El primero
con número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de
diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una
vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
La Auditoría Superior de la Federación destacó en el informe
que SEDESOL excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia
con el argumento de que la Universidad Politécnica de Chiapas es una
institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad
técnica de realizar el servicio.
Sin embargo, cuando se le solicitó a la dependencia federal
los comprobantes del servicio por el que habrían pagado 400 millones de pesos,
la SEDESOL no pudo comprobar que recibió en tiempo y forma los servicios de la
UP Chiapas.
Por si esto fuera poco, la dependencia desconoció haber
firmado los referidos convenios.
“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada
informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la
existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo
Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad
Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega –
recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de la Auditoría
Superior de la Federación.
Tal como se manejan este tipo de desvíos, la UP Chiapas no
realizó el servicio por el que recibió 400 millones de pesos, por el contrario
subcontrató sin ningún tipo de licitación o competencia a una empresa externa,
a la que le habría pagado 278.4 millones de pesos.
Hasta el momento el rector de la Universidad Politécnica de
Chiapas no ha dado a conocer el paradero del resto del dinero, por lo que los
auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de
pesos.
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