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| Rosario Robles Berlanga, titular de la Sedatu. Foto: Germán Canseco |
Vía Proceso. Bajo la dirección de Rosario Robles Berlanga, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) realizó operaciones
que “simularon diversos actos jurídicos y presuntas contrataciones con
proveedores, con irregularidades por mil 747 millones 666 mil pesos”,
sentenció la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la auditoría
forense 1792-DE, publicada hoy.
El órgano fiscalizador detectó presuntos esquemas de desvío de dinero
operados a través de 19 convenios para la prestación de diversos
servicios, que la Sedatu celebró con universidades y organismos
estatales en 2015 y 2016.
A menudo, los servicios no fueron realizados –o pésimamente–, la
Sedatu pagó sobrecostos aberrantes –entre 23.5% y 70%– y la mayor parte
del dinero se esfumó en redes de empresas fantasma.
Peor aún: para financiar estos esquemas irregulares, la ASF presumió
que la Sedatu desvió mil 517 millones de pesos de los subsidios
asignados al Programa de Infraestructura, que sirve para realizar obras
de carácter social, mejorar las viviendas de los hogares más pobres o
construir casas para las poblaciones marginadas, según el documento
mencionado.
Según la ASF, estos tipos de esquemas fraudulentos costaron por lo menos 6 mil 880 millones de pesos desde 2012.
Esta auditoría es distinta a las tres auditorías forenses que destacó el periódico Reforma esta
mañana, en un reportaje que determinó que durante las gestiones de
Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu,
estas dependencias desviaron por lo menos mil 311 millones de pesos a
través de convenios con dos entes estatales, parte de los cuales fueron
transferidos a distintos países a través de cuentas bancarias abiertas
en Monex y CI Banco.
La auditoría forense 1792-DE, por su parte, señala que de los 2 mil
60 millones de pesos erogados para la celebración de los 19 convenios,
se desviaron mil 747 millones de pesos, un 85%.
A lo largo de 92 páginas, la ASF desmenuzó los entregables de cada
convenio –muchas veces estaban duplicados–, registró cada factura
indebida, y exhibió las complejas estructuras de las simulaciones que
detectó.
Un ejemplo aberrante, entre muchos: la Sedatu pagó al Sistema
Quintanarroense de Comunicación Social y a la Televisora de Hermosillo
SA de CV para la entrega de materiales, los cuales resultaron totalmente
idénticos. Y lo peor: los pagó por montos millonarios… ¡cuatro veces!
Los organismos estatales cómplices fueron el Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social, la Universidad Politécnica de Chiapas, Instituto
Tecnológico Superior de Comalcalco, Universidad Politécnica de Quintana
Roo, Televisora de Hermosillo SA de CV, Universidad Tecnológica de
Campeche, Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, Universidad
Mexiquense del Bicentenario y la Universidad Autónoma Indígena de
México.
Durante la auditoría, varios funcionarios de la Sedatu afirmaron que
no podían entregar información a los auditores, aludiendo que el
edificio principal de la dependencia –ubicado en el Paseo de la
Reforma—sufrió daños durante el terremoto del pasado 19 de septiembre.
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