Navidad en Chiapas: destruyen 9 campamentos con 1146 indígenas, la mayoría mujeres, niñas y niños
El Comité de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” alertó de la destrucción de nueve campamentos que eran refugio 1146 personas en desplazamiento forzado de Chalchihuitán.
Hermelindo García Niñez, Síndico Municipal de Chalchuitán, militante del Partido Acción Nacional (PAN),
es señalado como el perpetrador de la destrucción de campamentos
amenazas hacia las personas desplazadas, según un comunicado.
El día 21 de diciembre entre las 14:00 y 17:00, 238 familias
desplazadas en los campamentos Barrio Shishimtotik, Tulantik, Ch’enmut,
Bololchojon, Cruz K’ak’anam, Jolcantetik, Cruzton, Bejelton y de Barrio
Pom, perdieron las pocas pertenencias que tenían en las viviendas hechas
de plástico, madera y algunas con láminas. Así mismo, fueron derribaron
baños construidos con donaciones de organizaciones solidarias como
Cáritas.
La población en su mayoría mujeres, niñas y niños, se desplazó
nuevamente después de la agresión e intimidación. Familias les prestaron
espacios pero existe la amenaza de expulsarles de sus comunidades.
Testimonios refieren que autoridades comunitarias amenazaron con amarrar
y quemar a representantes del Comité Chalchihuite, así como a quienes
intenten ingresar al lugar donde se ubicaban los campamentos y
prohibieron el acceso de ayuda humanitaria.
Al menos 1237 personas permanecen en desplazamiento forzado en
Chalchihuitán, Chiapas, en condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sin
poder retornar a sus casas y parcelas de manera definitiva porque sus
terrenos se encuentran en los límites del conflicto donde grupos armados
provenientes de Chenalhó, mantienen disparos que se intensifican en las
madrugadas.
A más de un año del desplazamiento forzado masivo de comunidades
integrantes del pueblo tsotsil de Chalchihuitán, Chiapas, la situación
es grave y continúan las violaciones a derechos humanos ante la omisión
del Estado mexicano.
El gobierno de Chiapas incumple los compromisos internacionales de
atención y protección a población desplazada y contraviene la medida
cautelar No. 882-17 que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el 24 de febrero de 2018, “para garantizar los derechos de
integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida,
seguridad e integridad personal de las 10 comunidades desplazadas
forzadas, desde noviembre de 2017”.1
Por lo anterior, el “Frayba” pidió al Estado mexicano:
• Garantizar la seguridad, integridad y vida de la población en desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.
• Detener las amenazas y agresiones provenientes de Hermelindo García
Núñez, Sindico Municipal de Chalchiuitán en contra de representantes
del Comité Chalchihuite.
• Atender de manera integral y acorde a los Principios Rectores del
Desplazamiento Forzado de la Organización de las Naciones Unidas el
desplazamiento forzado en Chalchihuitán, Chiapas.
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