Ezequiel Gómez/CP
El
Coordinador de Jueces y Magistrados del sexto Circuito, con sede En Tuxtla
Gutiérrez, Jorge Mazón Cal mayor al dar lectura a un pronunciamiento manifestó que
el poder judicial federal está siendo sometido a riesgos y amenazas divido a diversas
leyes e iniciativas que podrían minar la
autonomía de este poder.
El Magistrado aseguro que la Ley de Remuneraciones de los
servidores públicos busca la injerencia en la vida interna del Poder Judicial. Y
apunto la irreductibilidad de salario del Poder Judicial no es un privilegio,
sino una garantía de independencia de la judicatura. Este derecho está
reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por
México.
“Contra esos riesgos y amenazas, estamos
en pie de lucha en defensa del estado de derecho y seremos los primeros en
actuar para que se fortalezca el poder judicial de la federación pero en el marco de una propuesta
transparente y amplia para revisar la institucionalidad, practicas, recursos y
medios que disponemos, lo que no podemos permitir es que se están metiendo
propuestas que afectan la institucionalidad el gobierno judicial y su
operatividad sin considerar la autonomía
e independencia del poder judicial de la federación en condiciones con los otros
poderes de la unión”
En la explanada de la sede del poder
judicial, los magistrados y jueces apuntaron que Hoy
como nunca antes en la historia de
nuestro país, nos presentamos públicamente
ante la sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores
federales para defender la autonomía y
la independencia del poder judicial de la federación.
“Hoy como nunca antes en la
historia de nuestro país, nos
presentamos públicamente ante la
sociedad para refrendar nuestro compromiso como juzgadores federales para defender la autonomía y la independencia
del poder judicial de la federación”.
Y sentencio que en un auténtico régimen
de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de
rumbo no caben los jueces dóciles o al
servicio de nadie; salvo su sumisión a la constitución y los tratados
internacionales.
La semana pasada, la Suprema Corte
ordenó a los tribunales colegiados de todo el país aplazar las resoluciones de
los amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
hasta que el pleno de la Corte se pronuncie sobre el fondo del asunto.
Manifestó que estos intentos por
condicionar a los juzgadores federales asido
presentado a la opinión pública por el poder ejecutivo como ejercicios
modernizadores que supuestamente aran más eficientes la administración de
justicia y permitirán ahorros, sin embargo en el fondo esconden su verdadera
intensión que es debilitar el sistema de frenos y contra peso de nuestra
democracia y vulnerar el estado de derecho.
Defendemos la inamovilidad y la certeza
en las adscripciones como requisitos reconocidos
internacionalmente para hacer la
independencia judicial junto con otras garantías con un salario acorde a
la responsabilidad de resolver los
asuntos más delicados que podrían afectar
a cualquier persona, institución o poder público.
De acuerdo con su reporte más reciente,
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido 2,835 amparos, de los
cuales 331 corresponden a jueces, 366 a magistrados, 1,037 a secretarios, 215 a
actuarios, 514 a oficiales y 125 externos.
“Como
Asociación Nacional de Magistrados
de circuito y Jueces de Distrito hemos impulsado una amplia defensa que
incluye la presentación de demandas de
amparo encontra de lo que consideramos
un conjunto de acciones sistemática e intentos
legislativos que buscan la inherencia de la vida interna del poder
judicial de la federación lo cual ha
sido dotado por la constitución de mecanismo de regulación”.
Finalmente señalo que mantener este tipo
de campañas de desprestigio contra los Juzgadores asiéndolos pasar por
oportunistas y que sólo buscan beneficio personal es el debilitamiento de la
confianza ciudadana en sus propias instituciones.
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