- Se da un paso histórico para solucionar la pugna que estos municipios mantienen desde hace 40 años
- Ambas partes se comprometen a privilegiar la paz social
Autoridades estatales y federales que conforman la mesa de atención y seguimiento de la controversia agraria entre los municipios de Aldama y Chenalhó, recibieron de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla, antes Santa Martha, las actas de asambleas que aprueban el deslinde de 32.5 hectáreas a favor de 115 comuneros de Aldama.
La entrega de dichas actas constituye un hecho histórico que deriva de la Firma de Acuerdo Definitivo signado en noviembre de 2020, y es un paso muy importante para la solución a la controversia agraria que mantienen ambos municipios desde hace más de cuarenta años, y que ha generado actos de violencia entre ellos, destacó la Secretaría General de Gobierno (SGG), quien encabeza esta mesa.
Durante una reunión de trabajo celebrada en la Sala de Titulares de la SGG, los representantes de Aldama y Chenalhó se comprometieron a continuar por el camino del diálogo y los acuerdos; afirmaron que establecerán reuniones informativas con los habitantes de las comunidades a fin de abonar a un clima de paz y tranquilidad en la zona.
Toda la documentación presentada por el comisariado de los Bienes Comunales de Manuel Utrilla o Santa Martha, será enviada al Registro Agrario Nacional (RAN) para que sea esta instancia quien, de acuerdo a sus atribuciones, determine lo procedente.
Se acordó establecer junto con la Fiscalía de Justicia Indígena, una mesa para dar seguimiento a los eventos suscitados los días 09 y 10 de enero del 2021 en la zona limítrofe entre ambos municipios, y una reunión con autoridades de la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica a efecto de reiniciar las obras que fueron suspendidas por las constantes agresiones.
En el encuentro se contó con la presencia de representantes de la SGG, RAN, Procuraduría Agraria, Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
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